La reelección de Roberto Castro como presidente de la Cámara de Diputados para la gestión legislativa 2026-2027 será sometida a revisión judicial. La Sala Constitucional Cuarta de La Paz admitió una acción de amparo presentada por dos diputadas que cuestionan el procedimiento de elección de la directiva y programó una audiencia virtual para este viernes 20 de noviembre, a las 08:30.
Table Of Content
- ¿Por qué cuestionan la reelección de Roberto Castro?
- La elección del 30 de octubre estuvo marcada por enfrentamientos
- ¿Qué responde la Cámara de Diputados?
- Castro y los integrantes de la directiva fueron citados
- ¿Qué puede resolver la justicia este viernes?
- La admisión del amparo no significa la destitución de Castro
La admisión de la demanda abre un proceso constitucional para analizar los reclamos, pero no significa que la elección haya sido anulada ni que Castro haya perdido la presidencia. La directiva continúa en funciones mientras la Sala no emita una resolución que disponga lo contrario.
La acción fue presentada por Lissa Amanda Claros Lora, de Alianza Libre, y Claudia Andrea Herbas Siles, de Alianza Popular. Ambas solicitan dejar sin efecto la conformación de la directiva elegida el 30 de octubre y convocar a un nuevo procedimiento.
¿Por qué cuestionan la reelección de Roberto Castro?
Las legisladoras sostienen que durante la sesión parlamentaria en la que Castro fue reelegido no se habrían respetado garantías básicas de transparencia y participación.
Entre las presuntas irregularidades señaladas en el amparo figuran la falta de una votación claramente verificable, la ausencia de un cómputo oficial y comprobable de los votos y la supuesta falta de garantías para la participación de las representaciones parlamentarias que objetaban la elección.
El cuestionamiento jurídico central apunta a una presunta vulneración del derecho a la participación política y al ejercicio de la representación parlamentaria en condiciones de igualdad.
A partir de esos argumentos, las diputadas buscan que la justicia constitucional revise la legalidad del procedimiento y, si encuentra vulneraciones, disponga que la elección se realice nuevamente.
La elección del 30 de octubre estuvo marcada por enfrentamientos
La elección de la directiva de Diputados para el periodo 2026-2027 se desarrolló en medio de tensiones, enfrentamientos verbales, gritos y empujones en el hemiciclo.
La sesión comenzó con retraso y tuvo que ingresar en un cuarto intermedio. Cerca de las 21:30 se anunció la reelección de Roberto Castro, quien era el único candidato presentado por el bloque de mayoría.
Sin embargo, las diputadas que promovieron el amparo cuestionan que el procedimiento no haya permitido verificar con claridad la votación ni conocer un resultado numérico oficial durante la transmisión de la sesión.
Ese episodio constituye el principal antecedente del proceso constitucional que ahora deberá analizar la Sala de La Paz.
¿Qué responde la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados defendió la legalidad de la elección. El secretario general de esa institución, José Manuel Encinas, sostuvo que el procedimiento se desarrolló conforme a la Constitución y al reglamento legislativo.
Según la explicación institucional, la votación se realizó por signo, mediante el levantamiento de manos, aplausos o manifestaciones de apoyo. El primer secretario, Mario Lima, habría verificado el resultado.
La versión de la Cámara señala que Roberto Castro obtuvo el respaldo de 66 legisladores.
Este argumento será parte de los elementos que deberán contrastarse con los cuestionamientos de las diputadas accionantes durante el proceso constitucional.
Castro y los integrantes de la directiva fueron citados
La Sala Constitucional dispuso la comparecencia de Roberto Castro para que presente sus argumentos frente a la acción de amparo.
También fueron citados los demás integrantes de la directiva de la Cámara de Diputados:
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Álvaro Cazasola: primer vicepresidente.
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Nathaly Tovias: segunda vicepresidenta.
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Marlene Miranda: primera secretaria.
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María Khaline Moreno: segunda secretaria.
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José Maldonado: tercer secretario.
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Roger Blanco: cuarto secretario.
Además, la instancia judicial solicitó a la Presidencia de Diputados remitir toda la documentación relacionada con la elección y posesión de la directiva.
La información será relevante para examinar cómo se desarrolló la sesión, qué mecanismo de votación se utilizó y de qué manera se verificó el resultado que permitió la reelección de Castro.
¿Qué puede resolver la justicia este viernes?
La audiencia del 20 de noviembre permitirá a la Sala Constitucional escuchar los argumentos de las partes y avanzar en el análisis de la demanda. A partir de la evaluación del caso, pueden presentarse distintos escenarios.
Si concede el amparo, la Sala podría disponer que se deje sin efecto la elección cuestionada y ordenar que se repita el procedimiento, de acuerdo con el alcance de su resolución.
Si rechaza la acción, la directiva mantendría su situación actual y la reelección de Castro no sería modificada por esta demanda.
También existe la posibilidad de que la Sala establezca medidas específicas para restablecer los derechos que considere vulnerados, sin que ello implique necesariamente resolver todos los aspectos del procedimiento de la misma manera.
La decisión dependerá del análisis de los argumentos presentados y de la documentación que remita la Cámara de Diputados.
La admisión del amparo no significa la destitución de Castro
Uno de los aspectos centrales del caso es distinguir entre la admisión de una acción constitucional y una sentencia sobre el fondo de la demanda.
Al admitir el amparo, la Sala Constitucional Cuarta aceptó tramitar el reclamo y convocó a las partes para analizar los cuestionamientos. No declaró ilegal la elección ni ordenó, por el momento, la destitución de Roberto Castro.
La audiencia del viernes será un paso clave para determinar si los argumentos de las diputadas tienen sustento constitucional y si corresponde adoptar alguna medida sobre la directiva legislativa.
Por ahora, la presidencia de Castro sigue vigente y el futuro de la directiva dependerá de lo que resuelva la justicia constitucional.


