Ay, ¡Divina Providencia serena y milagrosa! Extiende tu manto de sabiduría sobre nuestras autoridades bolivianos. Concédeles coherencia, regálales sindéresis y, si todavía te queda algún milagrito disponible, haz que el presidente, sus ministros y los ejecutivos de las empresas públicas se pongan de acuerdo antes de abrir la boca.
Porque nos tienen con el Jesús en la boca, el corazón palpitando como mariposa adolescente enamorada y las expectativas económicas bailando caporales sin director de banda.
Después de tantos años estudiando macroeconomía, expectativas racionales, credibilidad de la política económica y consistencia intertemporal, debo confesar que he llegado a una conclusión teológica: para entender la política de combustibles del Gobierno boliviano ya no basta un doctorado en Economía. ¡Se necesita un milagro!
Veamos esta procesión de contradicciones.
Primero, el Gobierno firma un acuerdo con la suegra FMI, comprometiéndose, según lo anunciado, a reajustar los precios de los combustibles y avanzar en la eliminación de las subvenciones en enero de 2027. La suegra, como toda suegra fiscalmente responsable, exige disciplina y cuentas claras.
Pero, acto seguido, el mismo Gobierno presenta el Presupuesto General del Estado 2027, donde aparecen aproximadamente 11.000 millones de bolivianos destinados a sostener la subvención. ¡Aleluya! En Washington prometemos separarnos del tóxico subsidio y en La Paz presupuestamos mantenerlo. Una especie de matrimonio económico donde el novio promete fidelidad y simultáneamente financia dos lunas de miel.
Luego aparece el presidente de YPFB anunciando que el 12 de enero se retiraría la subvención. ¡Por fin una fecha! Pero la alegría dura menos que un dólar barato en Bolivia. Sale el ministro de Hidrocarburos, con el látigo comunicacional en la mano, a desautorizar el anuncio y explicar que todavía no existe una fecha definida.
¡Mamita querida! Esto ya no es coordinación de política económica. Es un coro de iglesia donde cada ministro canta un himno diferente, el director de orquesta perdió la partitura y el público está pagando la gasolina para que continúe el concierto.
Y cuando parecía que el espectáculo había terminado, llega el jueves 19 de noviembre el Decreto Supremo 5778, como una nueva revelación celestial.
El decreto eleva de 6.000 a 9.000 millones de bolivianos el monto máximo que el Tesoro puede asignar a YPFB para cubrir determinados diferenciales de costos vinculados a la importación de petróleo crudo. La secuencia es digna de una multiplicación de los panes y los peces: primero 1.000 millones, después 2.000, luego 6.000 y ahora 9.000 millones. ¡Los milagros fiscales se producen por decreto y en cuotas crecientes!
Eso sí, hay una precisión fundamental: el decreto no desembolsa automáticamente 9.000 millones ni decide mantener la subvención durante todo 2027. Autoriza asignaciones hasta ese límite, según disponibilidad del Tesoro, y establece un procedimiento presupuestario especial.
Pero políticamente el mensaje es desconcertante: mientras unos anuncian el entierro de la subvención, otros continúan ampliando los recursos para sostener el esquema de estabilización de precios.
¿Quién los entiende? ¿San Martín de Porres? ¿Santa Rita, patrona de los imposibles? ¿O tendremos que convocar a San Keynes y San Friedman para que organicen un concilio extraordinario?
Lo más preocupante es que la incertidumbre no es gratuita. Las familias y las empresas no esperan disciplinadamente a que los ministros resuelvan sus contradicciones. Anticipan escenarios, recalculan costos, ajustan contratos y, cuando temen un incremento de combustibles, pueden adelantar aumentos de precios.
La inflación no necesita que la gasolina suba mañana para comenzar a sentir sus efectos hoy. Basta con que los agentes económicos crean que subirá y actúen en consecuencia.
Así funciona el canal de expectativas. No es brujería, es macroeconomía elemental.
Aprovechemos este enredo de la gasolina para una pequeña clase de economía, de esas que deberían impartirse también en Palacio de Gobierno. El DS 5778 confirma que el Estado continúa financiando la estabilización de los combustibles, aunque mantiene su carácter transitorio. Pero detrás de este aparente laberinto administrativo se esconden cuatro conceptos fundamentales de la teoría económica que ayudan a comprender por qué las contradicciones gubernamentales pueden resultar tan costosas.
Primero, la inconsistencia temporal. Es cuando el Gobierno anuncia hoy una política para mañana, pero toma decisiones que parecen contradecirla. Volvamos a uno de ejemplos anterior, el acuerdo con el FMI contempla ajustes en los combustibles; por otro, el presupuesto de 2027 mantiene recursos para subvencionarlos y el DS 5778 amplía el financiamiento de su estabilización. No son decisiones necesariamente incompatibles, pero requieren una explicación coherente. Es como anunciar solemnemente que comenzaremos una dieta el lunes mientras renovamos la suscripción anual a la pastelería. El problema no es comer torta, sino que nadie sabe si realmente empezará la dieta.
Segundo, el desanclaje de las expectativas inflacionarias. Los precios no dependen únicamente de los costos actuales, sino también de lo que consumidores y empresarios creen que ocurrirá mañana. Si un agente económico anticipa que aumentará la gasolina, puede intentar subir sus tarifas o precios; el comerciante, temiendo mayores costos de un producto o servicios, puede ajustar sus precios preventivamente. Así, el anuncio confuso de un incremento futuro puede generar presiones inflacionarias antes de que cambie el precio del combustible. No significa que todos los precios subirán automáticamente, pero sí que la incertidumbre puede convertirse en un costo presente. En Bolivia hemos perfeccionado una curiosa modalidad económica: la inflación por si acaso.
Tercero, la opacidad fiscal. El DS 5778 establece un techo de hasta Bs 9.000 millones, pero una autorización presupuestaria no equivale a dinero efectivamente gastado. Tampoco corresponde sumar automáticamente esa cifra a los aproximadamente Bs 11.000 millones previstos para 2027, porque pertenecen a instrumentos y períodos distintos. Para evaluar correctamente la subvención necesitamos conocer cuánto se autoriza, cuánto se ejecuta, quién recibe los recursos y cómo se financian. De lo contrario, confundimos presupuesto con gasto y anuncios con resultados. En economía pública, la transparencia no consiste en exhibir números grandes, sino en explicar qué significan.
Cuarto, el debilitamiento institucional. La disposición final del decreto exceptúa estas asignaciones del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias. Esto puede facilitar una respuesta administrativa rápida, pero también reduce los controles ordinarios sobre la reasignación de recursos. La flexibilidad puede ser necesaria en una emergencia; lo que no puede convertirse en permanente es la excepcionalidad sin suficiente fiscalización. Porque cuando las excepciones se vuelven costumbre, las reglas terminan siendo simples recomendaciones decorativas.
¿Qué hacer entonces? No se trata necesariamente de eliminar la subvención de golpe y provocar un terremoto social. Se necesita una trayectoria gradual, públicamente anunciada, fiscalmente cuantificada y acompañada de protección focalizada para los sectores vulnerables. Sobre todo, hace falta una sola voz gubernamental que explique qué se hará, cuándo, cuánto costará y quién asumirá los costos.
La cuestión de fondo ya no es solamente cuánto costará la gasolina, sino cuánto nos está costando la falta de credibilidad.
Porque en macroeconomía las expectativas importan tanto como las decisiones. Y cuando el Gobierno convierte la política energética en una orquesta donde cada ministro interpreta una partitura diferente, los precios comienzan a bailar antes de que suene la música. Lo más triste es que los músicos desafinan, pero la cuenta del concierto la pagamos todos los bolivianos.
Gonzalo Chávez Álvarez
Economista y analista político


