El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Roca, tiene claro el camino que se debe seguir para resolver el conflicto desatado por la pertenencia de la localidad de Piso Firme entre los departamentos de Santa Cruz y el Beni.
En primer lugar, está la vía de la conciliación que deben encarar los Gobernadores de ambos departamentos, en este caso, Mario Aguilera y Alejandro Unzueta bajo la mediación del Viceministerio de Autonomías.
Dicho proceso comenzará la próxima semana, el lunes 15 de abril, en La Paz, donde ambas Gobernaciones presentarán sus argumentos y documentación respaldatoria sobre la situación de Piso Firme, un municipio indígena que hoy se reclama como parte del departamento de Santa Cruz.
“Los gobernadores deben tratar el conflicto de piso firme para evitar una escalada mayor”, indicó Roca en diálogo con Asuntos Centrales.
Roca recordó que los “comunarios de Piso Firme son atendidos por Santa Cruz con caminos, salud y escuelas”.
“Piso Firme siempre votó y fue censado en Santa Cruz y, como tal, figura en territorio cruceño”, enfatizó.
“La ley del 28 de noviembre 1914 es una ley antigua que, como tal, no establece una delimitación precisa con georreferenciación adecuada”, debido a que en ese entonces no había los instrumentos precisos para delimitar dicho territorio.
“El 15 de abril tendremos una mesa de diálogo con las autoridades del Departamento del Beni para explicar argumentos sobre este conflicto”, destacó.
“Ambos departamentos deben resolver el conflicto por la vía de la conciliación entre ambos departamentos y en base a la ley 339 de delimitación de unidades territoriales”, afirmó.
“Si no hay conciliación, se tendría que tratar el tema a través de una demanda judicial que debe ser resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia”, destacó.
Consultado sobre si fue o no necesaria la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa en Piso Firme, Roca dijo que la misma tiene la potestad de sesionar en todo el territorio cruceño, pero remarcó que el conflicto deberá ser tratado, en primera instancia, por los Gobernadores de ambos departamentos.
