El deterioro de varios indicadores macroeconómicos como es el elevado déficit comercial y del sector público, y la caída significativa de las reservas internacionales nos están conduciendo a una nueva normalidad caracterizada por la escasez de divisas, los cuellos de botella en la provisión de diésel, el aumento de precios de la canasta familiar, un reacomodo del sistema financiero después de la intervención del Banco Fassil y cuellos de botella en la producción.
La mayoría de las personas algunas con añoranza y otros con legítima preocupación se preguntan: ¿Cuándo las aguas se calmarán? ¿Cuándo volverá la situación donde personas y empresas compraban dólares sin restricciones? ¿Cuándo retornará la antigua y venerada normalidad? Lamento ser portador de malas noticias, pero hemos entrado a una nueva normalidad que significa raspar la olla y vivir al día. Una especie de Argentina deslactosada.
Desde febrero de 2023, el Gobierno ha estado anunciando diversas políticas económicas como el tipo de cambio preferencial para los exportadores; los bonos del Estado para atraer remesas internacionales; el uso de los derechos especiales de giro del FMI; la obligación que las empresas estatales traigan sus dólares a la economía boliviana; y la venta del oro del Banco Central de Bolivia (BCB). Recientemente también se firmó un acuerdo, de 10 puntos, con los empresarios como la liberalización de las exportaciones, la emisión de bonos por parte del BCB, la devolución de impuestos para quien entregue sus dólares de exportaciones, el establecimiento de comisiones bancarias para transferencias de divisas a exterior y otras medidas.
Todos los remedios de políticas públicas anteriores se supone que pararían la sangría de las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB). Cabe recordar que, en el año 2014, las RIN eran de $us 15.000 millones. A abril de 2024 han bajado a 1.797 millones de dólares.
El Gobierno insiste en que los problemas por los que atraviesa la economía boliviana son coyunturales. Serían solo una restricción de liquidez y que en breve volveremos a la antigua normalidad. Por supuesto, en esta lectura súper optimista e ideologizada. El modelo económico se está agotando, porque han estrangulado la gallina de los huevos de oro, YPFB. La empresa estatal de petróleo ha dejado de generar como 3.500 millones de dólares de renta petrolera. Y en el corto y mediano plazo no hay ningún sector que reponga estos recursos.
Asimismo, como el paciente terco de una enfermedad grave, el Gobierno se niega a reconocer que uno de sus problemas centrales es el déficit público que arrastra hace 12 años. Además, el Gobierno empaqueta ciertas medidas estructurales para resolver la crisis en el papel de la propaganda, como es el caso de la industrialización de los recursos naturales (hierro y urea), la industrialización por sustitución de importaciones (la producción de biodiésel) y el proyecto de litio. Todos proyectos o programas muy antiguos que en el mejor de los casos podrían rendir frutos de aquí a tres o cuatro años. Aunque tengo mis serias dudas de que funcionen. Los serios problemas con la industrialización del litio son una muestra patética que refuerzan el escepticismo.
En los hechos, enfrentamos una crisis multidimensional. Estamos frente al agotamiento del modelo económico primario exportador rentista. Pero también estamos lidiando con el desgate del modelo político y el derrumbe de la gobernabilidad debido sobre todo a la división del MAS. Así mismo estamos frente a una crisis de valores y principios, la sociedad está polarizada en extremo, la corrupción avance en el Estado y nadie cree en los líderes actuales tanto de la oposición como del gobierno.
La crisis es compleja y no hay una solución única o mágica. No existe una bala de plata, por lo tanto, se necesitan soluciones integrales. Por temas de espacio, hoy nos concentraremos en los temas fiscales.
Uno de los orígenes del problema de la escasez de dólares está en el déficit de la balanza comercial y el enorme déficit público. Es hora de reducirlo. Se debe cortar los gastos superfluos como en propaganda, salarios, viajes y otros. Ese es el camino. Corten la grasa del sector público. Racionalicen la inversión pública y muestren la verdadera ejecución de esta. Así mismo, evaluar y cerrar algunas empresas públicas deficitarias. Esto ayudará sólo a ahorrar algunos bolivianos pero dará una buena señal a los mercados. Detener proyectos faraónicos para los cuales no tienen dinero. Parar los anuncios de 150 nuevas empresas estatales.
Por el lado de los ingresos, en el cortísimo plazo reglamentar y cobrar el 4.8% de impuestos a los cooperativistas mineros del oro. Dadas las relaciones incestuosas que tienen con el sector, esto que es una cosquillita para los nuevos ricos de Bolivia, pero puede ser un salto cuántico en la perspectiva de los ingresos. Cuando uno está raspando la olla cada monedita cuenta. Cortar los salarios fabulosos de algunos burócratas de las empresas estatales o de la gestora de pensiones de largo plazo. Ahí hay otros puchitos. Esto no resuelve, pero ayuda a calmar expectativas. Todos haciendo el sacrificio. Urge debatir una reforma tributaria para que los nuevos ricos de Bolivia, a saber, cocaleros, grandes gremiales y cooperativistas mineros paguen un poco más de impuestos. El otro tema delicado es el subsidio a los hidrocarburos. Aquí amerita hacer una diferenciación. Estas subvenciones son ciegas y no es verdad que ayudan al pueblo boliviano. Eliminen los subsidios para los ricos como los cooperativistas mineros del oro, en el caso del diésel, y los dueños de automóviles de alta gama, en el caso de la gasolina. Mantengan el subsidio para quienes los realmente los necesitan, como el transporte público y la mayoría de la gente que tiene automóviles baratos.
Se requiere mano dura con el contrabando de gasolina y hay que agarrar el toro por las astas. Finalmente, y no por eso menos importante, habría que aprobar una ley a la Asamblea de responsabilidad fiscal, dónde se establezcan techos al gasto y la inversión pública en todos los niveles del gobierno. Es necesario colocar límites al endeudamiento interno. No se debe usar, sin medida ni clemencia, los recursos que ahora están en la Gestora pública de largo plazo de pensiones.
