Abogado denuncia a Zapatero, exautoridades y vocales por presunta red de influencias

El abogado Cristian Mina Aguilar presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, exautoridades nacionales, representantes empresariales y dos vocales judiciales, por su presunta participación en una red de influencias que habría buscado favorecer a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en el proceso que suspendió temporalmente el cobro de Bs 744,3 millones que debía pagar a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

La acción fue presentada el 24 de junio y alcanza, además de Zapatero, a la exviceministra de Relaciones Exteriores y exdirectora del Bicentenario de Chuquisaca, Carmen Almendras; al expresidente Luis Arce; al exministro de Justicia César Siles; al exprocurador Ricardo Condori; a ejecutivos vinculados al Grupo Gloria y a la empresa peruana Focus Social Research SAC, así como a los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Oscar Delgado Ecos, de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La denuncia tiene como antecedente el proceso judicial iniciado por Fancesa contra Soboce por competencia desleal. Según el memorial, el litigio concluyó en febrero de 2025 con la emisión del Auto Supremo 59/2025 del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó una condena de Bs 744,3 millones a favor de la cementera chuquisaqueña.

Mina sostiene que, una vez agotados los recursos ordinarios, se habría activado una estrategia de cabildeo destinada a evitar la ejecución de ese fallo. El documento señala que las gestiones habrían involucrado a actores políticos, empresariales y jurídicos dentro y fuera del país.

Presunta red de influencia

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por Rodríguez Zapatero y tendría como objetivo influir sobre autoridades bolivianas para favorecer los intereses de Soboce y del Grupo Gloria.

El abogado afirma que parte de esas gestiones se habría canalizado mediante una empresa peruana denominada Focus Social Research SAC, a través de contratos que, según expone en el memorial, habrían servido para encubrir actividades de intermediación política.

Asimismo, atribuye a Carmen Almendras un rol de coordinación en las gestiones vinculadas al caso. La denuncia sostiene que mientras ejercía funciones públicas en Chuquisaca habría participado en acciones relacionadas con la estrategia jurídica y política de la empresa privada.

Cuestionan fallo constitucional

Uno de los principales elementos de la denuncia se centra en la decisión emitida el 30 de mayo de 2025 por la Sala Constitucional Segunda de La Paz.

De acuerdo con el documento, esa instancia declaró procedente una acción de amparo constitucional presentada por Soboce y dejó sin efecto temporalmente el Auto Supremo que consolidaba la indemnización a favor de Fancesa.

El denunciante sostiene que los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Oscar Delgado Ecos habrían excedido las atribuciones de la jurisdicción constitucional al revisar aspectos que, a su juicio, ya habían sido resueltos de manera definitiva en la vía ordinaria.

También cuestiona los argumentos jurídicos utilizados para sustentar la resolución y afirma que la decisión tuvo como efecto inmediato paralizar el cobro de la indemnización reconocida a la factoría chuquisaqueña.

Delitos denunciados

La denuncia solicita investigar la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

Mina sostiene que los hechos descritos evidenciarían una coordinación entre operadores políticos, representantes empresariales y autoridades públicas para influir en decisiones vinculadas al litigio entre Fancesa y Soboce.

Solicitan cooperación internacional

Entre las diligencias requeridas al Ministerio Público se encuentra la conformación de una comisión especializada en delitos de corrupción, además de la activación de mecanismos de cooperación judicial con España y Perú.

La denuncia también solicita requerimientos de información a distintas instituciones del Estado, entre ellas la Cancillería, el Ministerio de la Presidencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el objetivo de recabar documentación relacionada con el caso.

Asimismo, pide que se tome declaración a todas las personas mencionadas en el memorial y que se obtengan antecedentes sobre reuniones, comunicaciones y actuaciones vinculadas al proceso judicial que enfrenta a Fancesa y Soboce.

Por el momento, corresponde al Ministerio Público analizar la denuncia y determinar si admite la acción para dar inicio a una investigación preliminar sobre los hechos denunciados.