La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, informó que el Viceministerio de Transparencia admitió la denuncia presentada contra Hugo Moldiz, asesor del presidente Luis Arce, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a su semanario La Época.
Según Román, el caso se encuentra en etapa de investigación y está a cargo de la Unidad de Investigación en Actos de Corrupción. La legisladora detalló que Moldiz, propietario del medio, recibió 17 contratos directos del Ministerio de la Presidencia por un monto superior a 2,6 millones de bolivianos.
“Interpusimos la denuncia al Viceministerio de Transparencia por los delitos de tráfico de influencias y conducta antieconómica, establecidos en el Código Penal. El Viceministerio de Transparencia nos notificó con la admisión de la denuncia, la misma que está en fase de investigación”, señaló la diputada.
La denuncia también alcanza a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y a otros posibles involucrados.
“A este caso vamos a hacerle seguimiento y no permitiremos que sólo se procese a funcionarios de rangos medios y bajos; Moldiz, Prada y Alcón deben ser procesados”, enfatizó Román.
Serie de destituciones por corrupción el el Gobierno de Arce
La denuncia contra Moldiz se suma a una cadena de casos que han marcado la gestión del presidente Luis Arce desde 2020.
El más reciente corresponde al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, destituido el pasado miércoles tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia presentada en enero de 2024. La investigación abarca a su director jurídico y el movimiento de más de un millón de bolivianos en cuentas bancarias.
En 2023, su antecesor en el mismo ministerio, Juan Santos Cruz, fue detenido preventivamente por el caso conocido como las “coimas millonarias”.
En marzo de 2024, el entonces ministro de Educación, Édgar Pary, renunció tras denuncias por uso indebido de influencias y contrataciones presuntamente dirigidas a favorecer a su empresa familiar.
En 2021, Adrián Quelca dejó el Ministerio de Educación tras ser imputado en el caso “tráfico de exámenes”, aunque en 2022 obtuvo un sobreseimiento.
En el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres (2020) y Ronald Caracayo (2021) fueron apartados de sus cargos en medio de denuncias de irregularidades y sobornos.
Escándalos vinculados a la familia del presidente Arce
Las denuncias también han alcanzado a los hijos del presidente. La Fiscalía de Santa Cruz informó en agosto el allanamiento y secuestro del predio agrícola “Adán y Eva”, propiedad de Rafael Arce Mosqueira, en el marco de una investigación por presunta adquisición irregular.
El diputado “evista” Héctor Arce denunció en 2024 que Rafael adquirió esas tierras por 3,3 millones de dólares a los 25 años, además de haber obtenido permisos exprés para ampliar desmontes pese a la vigencia de una pausa ambiental decretada por el propio Ejecutivo.
En medio de estas acusaciones, el diputado oficialista Rolando Cuéllar, otrora defensor del presidente, anunció este lunes que retira su respaldo a Arce y pedirá arraigo y cárcel tanto para el mandatario como para sus hijos. El legislador señaló que Rafael y Camila Arce Mosqueira habrían recibido créditos millonarios del Banco Ganadero para la compra del predio Adán y Eva, mientras que a Marcelo Arce Mosqueira lo vinculó con movimientos económicos en el exterior y con el caso Botrading. Cuéllar afirmó que solicitará un juicio de responsabilidades contra el jefe de Estado por presunta malversación de fondos y sobreprecio en la compra de combustibles.
En declaraciones pasadas, el presidente Arce calificó las acusaciones contra sus hijos como parte de una “guerra sucia” que venía directamente de Evo Morales y sostuvo que ellos (sus hijos) asumirán su defensa en las instancias correspondientes.
Otros casos denunciados
El Gobierno enfrenta desde 2020 diversos casos de presunta corrupción, entre ellos la intervención al Banco Fassil, denuncias por coimas en la doble vía Sucre–Yamparáez, irregularidades en el Viceministerio de Coca, el caso del narcovuelo con 478 kilos de droga a España, y presunto sobreprecio en la compra de carburantes en YPFB.
El Viceministerio de Transparencia ratificó su compromiso con la lucha y “cero tolerancia a la corrupción”, además señaló que continuará con el seguimiento de los procesos abiertos.
