Alarcón plantea que Mariaca deje el cargo y pide a EEUU entregar pruebas sobre las acusaciones
El diputado señaló que Bolivia y Estados Unidos cuentan con un tratado de extradición vigente que, según explicó, establece mecanismos de cooperación judicial
El diputado Carlos Alarcón planteó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, deje el cargo tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el retiro de su visa y la restricción de ingreso a ese país, bajo acusaciones de haber solicitado y recibido sobornos para favorecer al narcotráfico y a delincuentes violentos.
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Alarcón sostuvo que, por su condición de máxima autoridad del Ministerio Público, Mariaca debería apartarse para permitir una investigación penal en Bolivia, con independencia y cooperación judicial con Estados Unidos.
“Al ser la cabeza del Ministerio Público debería dar un paso al costado, debería dejar inmediatamente el cargo para garantizar una investigación penal en Bolivia, una investigación penal transparente”, afirmó Alarcón.
El diputado señaló que Bolivia y Estados Unidos cuentan con un tratado de extradición vigente que, según explicó, establece mecanismos de cooperación judicial. En ese marco, planteó que la Cancillería solicite a la Embajada estadounidense la documentación y los indicios que sustentan las medidas anunciadas contra Mariaca y las demás personas incluidas en la lista.
Pide investigar a fiscales y jueces
Alarcón extendió el pedido de investigación a los demás fiscales, jueces y exautoridades judiciales mencionados en el comunicado estadounidense. Consideró que todos deben ser sometidos a una investigación para determinar las circunstancias detrás de las acusaciones.
“Todos esos que están mencionados, por supuesto que tienen que ser investigados”, sostuvo el diputado.
Según Alarcón, si Mariaca no renuncia, los jefes de bancada deberían promover, mediante la Cancillería, la solicitud formal de información a Estados Unidos para evaluar la apertura de un juicio de responsabilidades.
Explicó que, bajo su interpretación del procedimiento vigente, la Cámara de Diputados interviene en la acusación y el Senado en la sentencia, aunque sostuvo que, a partir del denominado Caso Cusi, el juicio de responsabilidades para altas autoridades judiciales se convirtió en un mecanismo con efecto administrativo de destitución, mientras un eventual proceso penal debe seguir la vía ordinaria.
Vincula la medida con la cooperación regional contra el crimen
Consultado sobre una posible relación entre la decisión estadounidense y la reciente reunión del Escudo de las Américas, Alarcón sostuvo que existe una conexión con una política regional orientada a evitar que organizaciones criminales penetren instituciones estatales.
“Hay una relación causal con esa decisión primaria, originaria del Escudo de las Américas para tratar de ponerle el freno con todas las acciones al alcance de los Estados en cooperación internacional”, afirmó.
En su lectura, el riesgo se produce cuando organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado alcanzan espacios dentro de fiscalías, órganos judiciales, parlamentos o gobiernos, porque las instituciones pueden terminar respondiendo a intereses criminales en lugar de los ciudadanos.
Reforma judicial y posible investigación de oficio
Alarcón también vinculó el caso con su propuesta de reforma parcial de la Constitución, orientada, según explicó, a eliminar los “candados judiciales” que atribuye al modelo institucional construido durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Respecto a un eventual rechazo de las acusaciones por parte de Mariaca y los demás señalados, sostuvo que ello no debería impedir una investigación.
“El rechazo no puede impedir una investigación a fondo”, señaló Alarcón, quien planteó que otros fiscales deberían iniciar de oficio las pesquisas para preservar la institucionalidad del Ministerio Público.
A su criterio, Mariaca no debería conducir una eventual investigación sobre las acusaciones que lo involucran, porque se produciría una situación de juez y parte.
El diputado también sostuvo que el caso requiere una respuesta estatal y una solicitud formal de información a Estados Unidos, diferenciando esa gestión de cualquier cuestionamiento a la potestad soberana de ese país para decidir quién ingresa a su territorio.
