La Alianza Libre presentó una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos ocurridos en el hotel Las Américas, en abril de 2009. El senador José Manuel Ormachea informó que la iniciativa busca que se investigue la presunta responsabilidad de ambos exmandatarios en un caso que involucra denuncias de violaciones de derechos humanos.
Table Of Content
En una entrevista, el legislador explicó que la proposición fue presentada por diputados y senadores de esa alianza política ante el Ministerio Público, en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según Ormachea, el objetivo es que se determinen las responsabilidades penales que pudieran corresponder por los hechos y que el proceso avance por las vías institucionales previstas para juzgar a expresidentes y exvicepresidentes.
La proposición acusatoria y la recomendación de la CIDH
Ormachea sostuvo que la iniciativa se basa en la tercera recomendación del informe de fondo emitido por la CIDH, que —según explicó— plantea agotar las instancias nacionales para identificar a los responsables de las vulneraciones de derechos humanos señaladas en el caso.
El senador mencionó a las personas que murieron durante el operativo policial en el hotel Las Américas y a quienes, de acuerdo con las denuncias, fueron sometidos a golpes, torturas y privaciones de libertad sin justificación.
Los hechos se remontan a abril de 2009, cuando un operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, terminó con la muerte de tres personas y la detención de otras. El caso generó controversia y denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos.
En su declaración, Ormachea sostuvo que, además de la reparación a las víctimas que pueda determinar el sistema interamericano, es necesario investigar la eventual responsabilidad penal de quienes considera involucrados en los hechos.
Las afirmaciones sobre la participación de Morales y García Linera forman parte de la proposición acusatoria presentada por la Alianza Libre y deberán ser evaluadas por las instancias competentes. La presentación de la denuncia no implica que exista una responsabilidad penal establecida contra los señalados.
¿Cómo avanzaría el proceso contra los exmandatarios?
El senador explicó que, por tratarse de un expresidente y un exvicepresidente, el procedimiento podría seguir la vía conocida como juicio de privilegio o caso de corte, que contempla la participación de distintas instancias del Estado.
Según describió, una vez recibida la proposición acusatoria, el Ministerio Público debe reunir y evaluar los elementos que permitan determinar si existen fundamentos suficientes para formular una acusación.
Ormachea indicó que el procedimiento contempla la comunicación al Tribunal Supremo de Justicia y que, si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes, el caso podría pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la votación correspondiente.
De acuerdo con su explicación, una eventual autorización legislativa permitiría que el proceso sea elevado al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que tendría a su cargo el juzgamiento conforme al procedimiento aplicable.
La apertura de una investigación, sin embargo, no equivale a una acusación formal ni a una condena. El avance del caso dependerá de los elementos que se reúnan y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Un caso que arrastra demandas de las víctimas
Durante la entrevista, Ormachea señaló que las víctimas y sus representantes llevan años buscando respuestas por lo ocurrido en el hotel Las Américas. A su juicio, el proceso debe avanzar tanto en la determinación de posibles responsabilidades individuales como en las medidas de reparación que correspondan.
La reparación es un asunto que deberá resolverse en el ámbito del sistema interamericano, según explicó el legislador, mientras que la proposición acusatoria presentada por la Alianza Libre apunta a que las autoridades nacionales investiguen los hechos.
El caso vuelve así a la agenda política y judicial boliviana, más de 17 años después del operativo. Su evolución dependerá de las actuaciones del Ministerio Público y de las demás instancias que eventualmente deban intervenir.
Por ahora, la información proporcionada por Ormachea se refiere a la presentación de la proposición acusatoria y al procedimiento que, según su explicación, podría seguir. Será necesario conocer las determinaciones oficiales de las autoridades para establecer el alcance de la investigación y sus próximos pasos.
