El 2025 fue un año atípico para la economía boliviana: marcado por una crisis heredada y comportamientos contradictorios que influyeron decisivamente en la política. Hubo inflación acelerada y luego contenida, pánico cambiario seguido de una calma relativa, y un colapso electoral del oficialismo, mientras las expectativas se apoyaron más en señales políticas que en cambios económicos reales. Lejos de cerrar la crisis, el año dejó como herencia una mayor incertidumbre para 2026 y un rezago frente a la región, que en promedio creció 2,3% mientras Bolivia quedó atrapada en sus propias contradicciones.
El comportamiento de los precios ilustra bien esta anomalía. En marzo de 2025 se desató un proceso inflacionario abrupto, alimentado menos por choques productivos clásicos y más por la incertidumbre, la especulación y el miedo al dólar. Entre mayo, junio y julio se vivieron los meses más críticos: la harina llegó a Bs 450 por bolsa, el aceite argentino de cinco litros se vendía a Bs 140 y el kilo de pollo alcanzó los Bs 30. Algunos productos mostraron incrementos extremos: el pollo subió 9,1% en un solo mes y la cebolla hasta 23,8%. Las redes sociales amplificaron el pánico, anunciando una inflación anual superior al 60%, una hiperinflación inminente y una devaluación inevitable.
Sin embargo, el desenlace fue distinto. La inflación cerró en torno al 20,8%, muy alta para los estándares bolivianos, pero lejos del escenario catastrófico anunciado. La inflación alimentaria alcanzó picos cercanos al 37% en agosto y luego se moderó. El dólar paralelo, que llegó a cotizarse en hasta Bs 14 en julio, empezó a retroceder lentamente desde agosto, en gran medida por expectativas políticas, y cerró el año alrededor de Bs 9,60. El fantasma de la hiperinflación, al menos por ahora, se disipó, aunque la presión estructural por la escasez de divisas sigue intacta.
Detrás de esta dinámica de precios estuvo una economía estancada. El crecimiento fue prácticamente nulo. El FMI proyectó apenas 0,6% para 2025, uno de los más bajos de América Latina, y el primer semestre mostró incluso una contracción cercana al –2,4%. La caída de la producción de gas natural, cuyas exportaciones se redujeron cerca del 18%, arrastró ingresos fiscales y divisas. Minería, comercio y transporte también se vieron afectados por la falta de dólares, bloqueos recurrentes y menor demanda. El resultado fue una forma incómoda de estanflación: inflación alta con crecimiento débil, una combinación poco habitual para Bolivia en las últimas dos décadas.
El talón de Aquiles siguió siendo la escasez de divisas. Las reservas internacionales netas tocaron niveles críticos, equivalentes a menos de un mes de importaciones, lo que dificultó la compra de combustibles, insumos y medicamentos. El tipo de cambio fijo, sostenido durante años, se convirtió en una camisa de fuerza que distorsionó precios y expectativas. Al mismo tiempo, el déficit fiscal persistió, impulsado por subsidios a los carburantes, gasto corriente elevado y mayores pagos de intereses. La deuda pública, según estimaciones del FMI, se acercó al 95% del PIB, una cifra alarmante para una economía con acceso limitado al financiamiento externo.
En este contexto adverso ocurrió uno de los hechos más llamativos del año: la caída abrupta del riesgo país. Entre enero y mayo, Bolivia superaba los 1.900 puntos, un nivel propio de economías altamente riesgosas. A partir de junio, el indicador comenzó a descender de forma sostenida hasta cerrar diciembre cerca de los 670 puntos. No hubo un aumento significativo de reservas ni un cambio estructural inmediato en la economía. El factor decisivo fue político: la victoria electoral de Rodrigo Paz y el anuncio de medidas de ajuste económico. El “milagro” del riesgo país no reflejó una mejora real, sino una apuesta de los mercados a un cambio de rumbo.
Esa apuesta también se expresó en las urnas. La crisis económica pasó factura al Movimiento Al Socialismo. Sumadas todas sus facciones, el MAS apenas alcanzó alrededor del 30% de los votos, el peor resultado de su historia. La economía, más que cualquier discurso ideológico, marcó el final de un ciclo político de casi dos décadas. El voto fue, en esencia, un castigo a la gestión económica y a un modelo que había agotado sus márgenes.
Lo económico abrió así una nueva etapa política. En 2026, la resistencia al Decreto Supremo 5503 y al ajuste del precio de los carburantes parece inevitable, especialmente en el área rural. Sin embargo, el gobierno podría imponerse gracias a una aceptación resignada y a regañadientes de la población urbana, cansada de la crisis. Además, la Central Obrera Boliviana y varios sindicatos han perdido capacidad de movilización tras años de alianza con el MAS, lo que reduce la presión social inmediata.
Pero los riesgos de mediano y largo plazo siguen siendo altos. Aún no se conoce el impacto social completo del ajuste. El problema energético persiste y los recortes al gasto público, necesarios para ordenar las cuentas fiscales, podrían derivar en una recesión más profunda. La gran pregunta es si la ciudadanía podrá soportar el costo social de la estabilización sin que se fracture la gobernabilidad.
A esta fragilidad económica se suma un problema político adicional: el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara encarnan visiones de país distintas, casi opuestas. Esta tensión interna no solo complica la gestión actual, sino que puede convertirse en un riesgo permanente durante los próximos cinco años.
Así, 2025 fue un año extraño: de crisis sin colapso, de pánico sin hiperinflación, de castigo político sin derrumbe institucional. Un año en el que la economía no mejoró, pero las expectativas cambiaron. El verdadero desenlace, sin embargo, sigue pendiente y se jugará en 2026.
