La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos en América del Sur de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por las decisiones judiciales que anularon los procesos contra policías y militares acusados por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en noviembre de 2019.
Los tribunales de El Alto y Sacaba dispusieron la nulidad de las causas por supuesta incompetencia en materia, resoluciones ratificadas recientemente por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz. Para las dos entidades internacionales, estas determinaciones representan un “retroceso” en la búsqueda de justicia, pues pueden derivar en impunidad y vulnerar los derechos de las víctimas al acceso oportuno a procesos judiciales.
“El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron ambos organismos, recordando que la anulación de lo actuado constituye un obstáculo a la implementación de las recomendaciones emitidas por instancias nacionales e internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que en 2019 investigó estos hechos a pedido del propio Estado boliviano, documentó al menos 20 muertes y decenas de heridos a causa del uso excesivo y letal de la fuerza por parte de policías y militares. Su informe final urgió a garantizar justicia “de manera oportuna, justa y eficaz”, con un sistema judicial independiente y creíble.
Asimismo, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 concluyó que en ambos operativos se empleó fuerza desproporcionada, incluso con municiones letales, en contravención de normas internacionales. Recomendó la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales y exhaustivas, junto a medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares.
La CIDH y ONU Derechos Humanos exhortaron a las autoridades bolivianas a evitar demoras procesales que favorezcan la impunidad y a adoptar las medidas necesarias para garantizar verdad, justicia y reparación.
En paralelo, la expresidenta Jeanine Áñez, se pronunció desde prisión a través de redes sociales, señalando que no puede haber justicia “sin debido proceso ni investigación imparcial” y reclamando que organismos internacionales no desatiendan la situación de los derechos humanos en Bolivia.
