El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia podría ingresar esta semana a consideración de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en un nuevo paso para abrir el debate legislativo sobre la muerte digna en Bolivia.
Table Of Content
- El pedido de Aldrin Ichuta impulsó el debate
- Cuidados paliativos gratuitos para pacientes con enfermedades graves
- Qué requisitos plantea para solicitar la eutanasia
- Garantías para pacientes y profesionales de salud
- Qué pasos debe seguir el proyecto para convertirse en ley
- La eutanasia todavía no está legalizada por esta iniciativa
El diputado Diego Brañez, de APB-Súmate e impulsor de la iniciativa, informó que el tratamiento depende de la emisión de un informe técnico. Por tanto, hasta el 13 de octubre de 2026, el avance anunciado corresponde a una posible consideración en comisión y no a la aprobación de la norma.
La propuesta busca establecer condiciones para el acceso a cuidados paliativos y regular la posibilidad de solicitar la eutanasia bajo requisitos médicos y legales específicos. Su eventual tratamiento abriría una discusión sobre la autonomía de los pacientes, la atención al final de la vida y las garantías necesarias para evitar decisiones bajo presión.
El pedido de Aldrin Ichuta impulsó el debate
La iniciativa cobró mayor atención pública después de que Aldrin Ichuta, un joven con cáncer óseo avanzado, pidiera a la Asamblea Legislativa acelerar el análisis del proyecto.
Su solicitud puso en primer plano la situación de las personas que enfrentan enfermedades graves y el acceso a alternativas para aliviar el sufrimiento. También reactivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos y definir un marco legal para las decisiones relacionadas con el final de la vida.
El proyecto plantea abordar ambos aspectos mediante una normativa que contemple tanto la atención médica destinada a aliviar el dolor como los procedimientos y requisitos para quienes soliciten la eutanasia.
Cuidados paliativos gratuitos para pacientes con enfermedades graves
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de un sistema nacional de cuidados paliativos gratuitos para personas con enfermedades graves, incurables o irreversibles.
Este sistema tendría como objetivo aliviar el dolor y otros síntomas, mejorar la calidad de vida de los pacientes y brindar atención durante el avance de sus enfermedades.
Los cuidados paliativos forman parte de la discusión sobre la atención al final de la vida porque buscan responder a las necesidades físicas y de bienestar de las personas que atraviesan condiciones médicas complejas.
La propuesta pretende que este tipo de atención esté contemplado en una estructura nacional. Su alcance definitivo dependerá del contenido que avance en el trámite legislativo y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas.
Qué requisitos plantea para solicitar la eutanasia
El proyecto está dirigido a personas mayores de edad con enfermedades irreversibles y establece una serie de condiciones para evaluar las solicitudes.
Entre los requisitos descritos figuran diagnósticos emitidos por médicos especialistas independientes y evaluaciones destinadas a verificar que la decisión sea libre, consciente y autónoma.
La iniciativa también propone que cada caso sea revisado por una junta multidisciplinaria, con el propósito de examinar las condiciones médicas y personales de la solicitud.
Además, contempla un periodo de reflexión de 15 días. Durante ese tiempo, la persona podría reconsiderar su decisión y desistir de la solicitud en cualquier momento.
Estos mecanismos buscan establecer controles antes de cualquier procedimiento. Sin embargo, su alcance y aplicación dependerán del texto definitivo que sea debatido y, en su caso, aprobado por la Asamblea Legislativa.
Garantías para pacientes y profesionales de salud
La propuesta también contempla condiciones legales para los profesionales de salud que cumplan con los procedimientos establecidos y reconoce la objeción de conciencia de quienes no deseen participar.
Este punto forma parte de las garantías previstas para regular la actuación médica y establecer responsabilidades dentro de un eventual marco legal.
El debate legislativo deberá determinar cómo se articulan estos derechos y obligaciones, además de precisar los controles y procedimientos que serían necesarios para aplicar la norma.
La discusión no se limita a autorizar o rechazar la eutanasia. También involucra el acceso a cuidados paliativos, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y las condiciones bajo las cuales podrían adoptarse decisiones relacionadas con el final de la vida.
Qué pasos debe seguir el proyecto para convertirse en ley
El primer paso pendiente es la consideración de la iniciativa en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, una vez que se emita el informe técnico correspondiente.
Si el proyecto supera esa etapa y obtiene respaldo, deberá pasar al pleno de Diputados para su debate y votación. En caso de ser aprobado, continuará el trámite ante el Senado y deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de una eventual promulgación.
Por ahora, no existe una fecha confirmada para la aprobación definitiva. El posible tratamiento en comisión durante esta semana representa una etapa inicial dentro de un proceso que todavía debe recorrer varias instancias.
La eutanasia todavía no está legalizada por esta iniciativa
Al 13 de octubre de 2026, el proyecto no se ha convertido en ley. Lo anunciado es la posibilidad de que comience su tratamiento en comisión, sujeto a la emisión del informe técnico.
El avance de la propuesta permitirá conocer qué observaciones surgen durante la revisión y si los legisladores acuerdan continuar con su discusión.
Mientras tanto, el pedido de Aldrin Ichuta mantiene la atención pública sobre la situación de los pacientes con enfermedades irreversibles y la necesidad de debatir las alternativas de atención al final de la vida.
El resultado dependerá de las decisiones que adopten las comisiones y las cámaras legislativas. Hasta que concluya ese proceso, las disposiciones planteadas en el proyecto no deben confundirse con derechos o procedimientos que ya estén vigentes en Bolivia.
