Los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) que rechazan el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles iniciaron este sábado una caminata de unos 54 kilómetros desde una localidad en el Altiplano hacia La Paz para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz la abrogación de esa norma.
Centenares de manifestantes, fabriles, maestros y mineros que trabajan para el Estado en su mayoría, comenzaron a marchar a media mañana desde la localidad de Calamarca, sobre la carretera que va hacia la región andina de Oruro, y prevén llegar este lunes a La Paz, explicó a EFE el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo.
Con la movilización, llamada ‘Bolivia no se vende’, los sindicatos exigen que el Gobierno de Paz abrogue el decreto 5503, al considerar que “pone en riesgo el futuro de nuestras generaciones venideras”, dijo Argollo.
“Estamos poniendo siempre como compromiso la historia, porque si vamos a permitir que este decreto siga adelante, lastimosamente la historia nos va a juzgar. Tenemos que ser responsables con nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras”, agregó.
Argollo aseguró que la caminata “no tiene ningún tinte político” y que “no hay otro interés” que defender los recursos naturales del país.
“Está en manos del Gobierno abrogar de una vez por todas este decreto para que pueda solucionarse este problema”, indicó.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el 22 de diciembre a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
A la par, estos sindicatos han realizado protestas callejeras a diario, que fueron criticadas por la población de La Paz que les cuestionó por su pasividad durante los Gobiernos de Morales y Arce y por el perjuicio y los daños que causan a la ciudad con la detonación de dinamitas.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo.
El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
La norma también otorga incentivos a la inversión nacional y extranjera, lo que cuestiona la COB al considerar que podrían favorecer la transferencia de recursos y empresas estatales a capitales privados.
Los sindicalistas ya tuvieron una reunión con el presidente Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque la COB condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo abrogue el decreto.
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que no eliminará la norma, pero se abrió a “perfeccionarla”, e invitó nuevamente a dialogar a la COB este lunes.
