La conmemoración este sábado del Día de la Mujer Boliviana está marcada por el reclamo de organizaciones defensoras de la igualdad de género ante la “inacción” del Estado para frenar la violencia machista que en lo que va de año dejó 62 víctimas de feminicidio y más de 34.000 denuncias por distintos tipos de violencia.
El 11 de octubre fue instituido como Día de la Mujer Boliviana en 1980 por la entonces presidenta del país, Lidia Gueiler, como homenaje al natalicio de la poetisa Adela Zamudio, considerada una de las precursoras del feminismo en Bolivia.
A propósito de la fecha, la Fundación Voces Libres, que trabaja en la defensa de las mujeres, alertó sobre los 62 feminicidios ocurridos en el país en lo que va de año y los 34.412 casos de delitos relacionados a la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que rige en Bolivia desde 2013.
“Para nosotras es un día para señalar la inacción del Estado, que el Gobierno no ha cumplido su deber de atender esta problemática con políticas integrales de reestructuración de la justicia, con políticas integrales de prevención y también de atención a las víctimas”, dijo a EFE la coordinadora nacional de Voces Libres, Mercedes Cortez.
Según la abogada, cada día 127 niñas, adolescentes y mujeres “son agredidas” bajo delitos enmarcados en la ley 348 y advirtió que de los más de 34.000 casos denunciados entre enero y septiembre, “cerca a 7.000 están relacionados a agresiones sexuales” contra estas poblaciones.
Por su parte, la Coordinadora de la Mujer, que agrupa a más de una treintena de organizaciones defensoras de la igualdad, señaló en un comunicado que “la violencia machista es una pandemia no resuelta”, ante las cifras sobre feminicidios y casos.
“La impunidad es la norma: solo el 7,1 % de los casos deriva en condena, un mensaje cruel de que la justicia les da la espalda a las víctimas”, alertó esa entidad.
Cortez lamentó que no haya centros de rehabilitación para hombres que ejercen violencia, ni una “política integral” para proteger a las mujeres que deciden denunciar, pero que “se encuentran con un sistema desgastado, burocrático e insensible” que las revictimiza y genera impunidad.
Ola de desinformación
La activista expresó su preocupación porque la ley 348 “ni siquiera ha sido” plenamente “aplicada y ya se está pensando en modificarla o en abrogarla”, como ocurrió el año pasado, cuando un grupo de legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformarla por considerarla “antihombres”, aunque esa propuesta no prosperó.
Para Cortez, ha sido “entristecedor” que ninguno de los aspirantes a la Presidencia en la segunda vuelta del próximo 19 de octubre haya buscado a las organizaciones feministas para escucharlas y que, por contra, usaran “como bandera política y para obtener votos la consigna de erradicar o abrogar la ley 348”.
También cuestionó que no tengan “una propuesta integral” ante la problemática de la violencia contra las mujeres y que el tema ni siquiera sea “objeto de debate”.
Cortez alertó sobre una “ola de desinformación” que surgió en contra de la ley, con datos erróneos que indican que las cárceles bolivianas están llenas de hombres “inocentes, falsamente denunciados” por violencia, cuando solo el 6 % de la población carcelaria “corresponde a delitos” relacionados con la norma.
La experta señaló que es cierto que algunos abogados “crueles e inescrupulosos” tergiversaron el contenido de la ley para “generar extorsión, chantaje” en otros casos que no tienen relación con la misma, como divorcios, repartición de herencias o el pago de pensiones familiares.
Esas personas “están mal utilizando la ley y eso es una realidad, pero no es por la existencia propia de la ley, sino por la falta de mecanismos en el sistema de justicia para filtrar estos casos”, apuntó Cortez.
A su juicio, es necesario que el próximo Gobierno cree un ministerio o un viceministerio específicamente para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con recursos asignados y políticas estatales claras para la prevención, atención y sanción de estos delitos, además de una “reestructuración del sistema de justicia”.
Fuente: EFE
