El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró este martes ante la Corte Suprema en su condición de acusado de golpismo y negó haber intentado una ruptura democrática tras su derrota frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que admitió haber pensado en “alternativas”.
Bolsonaro fue interrogado en calidad de reo durante poco más de dos horas por los jueces de la Primera Sala del Supremo, reafirmó su desconfianza en el sistema de urnas electorales usado en el país y reconoció que tras las elecciones de octubre de 2022 buscó “alternativas” frente a un posible fraude en la Constitución.
“Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución”, pero finalmente “abandonamos cualquier posibilidad” y “enfrentamos el ocaso de nuestro Gobierno”, declaró Bolsonaro, sentado en el banquillo de los acusados junto a sus abogados.
El líder de la ultraderecha es acusado de haber conspirado a fin de impedir la investidura de Lula tras los comicios de 2022, una trama que según la Fiscalía llevó a los sucesos del 8 de enero de 2023.
Ese día, una semana después de que Lula asumió el poder, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en un intento por llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno, pero no encontraron eco en el generalato.
Pese a esa manifiesta intención, Bolsonaro negó ante los jueces que esa acción haya supuesto un intento de golpe.
“No hay un golpe sin liderazgos, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas”, declaró.
Recordó que, además, ese mismo día, desde Estados Unidos, adonde había viajado a fin de no entregarle la banda presidencial a Lula, manifestó su “repudio” frente a esa violencia, que consideró propia “de la izquierda” y opuesta a los valores conservadores que profesa.
Niega que haya discutido declarar el estado de sitio
Algunos testigos del proceso, incluidos jefes militares de la época, han declarado que Bolsonaro discutió hasta la posibilidad de decretar un estado de sitio, anular las elecciones e intervenir la justicia electoral, a fin de permanecer en el poder.
El exmandatario, siempre calmo durante el interrogatorio, admitió que tras los comicios se reunió con los comandantes militares, pero aseguró que solo discutieron las posibles “alternativas” que daba la Constitución en caso de un eventual fraude, que no fue comprobado.
“El sentimiento de todo el mundo era de que ya no había nada que hacer” y que “no había clima ni oportunidad para hacer cualquier cosa”, manifestó.
Aclaró además que, para declarar el país en estado de sitio, son necesarios diversos pasos previstos claramente en la Constitución “que no fueron dados” por su Gobierno.
“En ningún momento siquiera pensamos en hacer algo a rebeldía de la ley y la Constitución”, enfatizó.
Sobre sus duros discursos contra las instituciones, a las que desacreditó en forma constante durante el proceso electoral de 2022, intentó justificarse con su “explosivo temperamento”, su propensión a “insultar” y “decir palabrotas”, y hasta pidió “disculpas” a las autoridades que “se hayan sentido ofendidas”.
La campaña contra el sistema electoral, pura “retórica”
En esos ataques a las instituciones, el principal blanco fue el sistema de votación electrónica usado en el país, al que llegó a descalificar en una reunión con embajadores extranjeros antes de las elecciones.
Sin embargo, eso era solo “retórica”, según dijo este martes ante los jueces.
“Mi retórica siempre fue parecida” y “la desconfianza es privativa mía”, declaró Bolsonaro, quien sostuvo que durante las tres décadas en que ejerció como diputado siempre intentó promover el voto impreso.
Admitió que no podría probar que el sistema electrónico favorece los fraudes, pero sostuvo que su intención era “auxiliar al tribunal electoral, para que las elecciones fueran lo más transparente posibles” y no hubiera dudas como las que él mismo tiene hasta hoy.
Los próximos pasos
La Primera Sala del Supremo aún debe interrogar a otros dos de los ocho acusados de golpismo en esta fase del proceso.
Después, consultará a la Fiscalía y a los abogados de los reos a fin de saber si requieren nuevas diligencias, que incluso podrían incluir posibles careos entre los propios acusados o con algunos de los testigos que han declarado.
Decidido ese asunto, se dará plazo para que la acusación y las defensas presenten sus alegatos finales, tras lo cual el caso quedará listo para una sentencia que pudiera ser dictada entre octubre y noviembre y, en caso de culpabilidad, puede oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.
//EFE//
