Luego de más de 17 años prófugo, el exsacerdote Juan José Sant’Anna Trinidad fue detenido en Uruguay, donde se ocultaba en una vivienda familiar ubicada en el departamento de Salto, cerca de la frontera con Argentina. El exreligioso enfrenta graves acusaciones por delitos de abuso sexual cometidos contra al menos 30 menores de edad en un internado boliviano.
La Fiscalía General del Estado confirmó la aprehensión del implicado, quien había sido denunciado en Bolivia en 2007 por hechos ocurridos en un centro educativo del municipio de Tapacarí, departamento de Cochabamba. Según los informes, las víctimas eran niños y adolescentes de entre 6 y 18 años.
La detención fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio Público boliviano, la Interpol y autoridades de la República Oriental del Uruguay. La jefa nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, María Luisa Herrera, informó que ya se iniciaron los trámites formales para solicitar la extradición del acusado, con el objetivo de que enfrente la justicia en territorio boliviano.
“Se activó la notificación roja a través de Interpol y se logró ubicar a esta persona en Uruguay. Existen múltiples víctimas que esperan justicia”, señaló Herrera.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes celebró la captura, pero también cuestionó la demora en su detención, señalando que “al menos cinco periodistas internacionales habían dado con su paradero antes que las autoridades actuaran”. Asimismo, la organización exigió al Estado boliviano que se revise el rol de religiosos en espacios con población vulnerable.
El caso Sant’Anna forma parte de un patrón más amplio de denuncias por abusos cometidos en internados gestionados por órdenes religiosas en Bolivia. En los últimos años, se han abierto investigaciones similares en los municipios de Pojo y Charagua, incluyendo procesos por encubrimiento contra exautoridades eclesiásticas.
La Fiscalía recordó que inicialmente el caso fue denunciado como “abuso deshonesto con agravante”, pero tras la reforma del Código Penal, la figura legal cambió a “abuso sexual con agravante”, delito por el cual será procesado.
