En entrevista con Desayuno Informado de Asuntos Centrales, el exministro de Gobierno del ex presidente Evo Morales, Carlos Romero, denunció una serie de irregularidades en los procesos judiciales activados en contra del expresidente. Romero afirmó que cinco denuncias han sido presentadas, de las cuales cuatro han sido confirmadas, mientras que una sigue en proceso de verificación.
El abogado destacó que la orden de aprehensión contra Morales, emitida el 26 de septiembre, carece de fundamentos legales sólidos y fue ejecutada en un plazo inusualmente corto de dos horas.
"Se conformó una comisión de fiscales, se aprobó un informe policial, se emitió una imputación y una orden de aprehensión, todo en un lapso de dos horas", señaló. Añadió que el expresidente no fue notificado formalmente, y que las autoridades alegaron que no conocían su domicilio, lo que resulta contradictorio, ya que Morales no presentó ningún descargo debido a la falta de notificación.
Romero explicó que la orden de aprehensión fue anulada gracias a una acción de libertad presentada en un juzgado de Santa Cruz. "Las vulneraciones al debido proceso eran demasiado evidentes", comentó, criticando el procedimiento judicial que fue finalmente anulado por las evidentes contradicciones.
El abogado vinculó las denuncias y la orden de aprehensión con una declaración del exministro de Justicia, Iván Lima, y subrayó que la fiscal responsable del caso fue destituida por el fiscal general tras negarse a enviar documentos clave. Según Romero, estos eventos reflejan una persecución política que busca anular a Morales como adversario político del gobierno actual. "El desplazamiento de tropas militares y policiales hacia el Chapare en los últimos días confirma esta intencionalidad", sostuvo.
Finalmente, Romero también abordó la reciente decisión del gobierno argentino de retirar el estatus de refugiado a Morales, sugiriendo que esta medida pudo haber estado coordinada con las acciones judiciales en Bolivia.
"No hay casualidades en política", afirmó el exministro, quien calificó de "pronunciamiento político" el comunicado del gobierno argentino, que fue particularmente duro al declarar que no protegerían "criminales, terroristas o intentos de dictadores".
Esta serie de eventos, según Romero, forma parte de un esfuerzo coordinado para neutralizar políticamente a Evo Morales, quien enfrenta varios procesos judiciales simultáneamente en distintas jurisdicciones del país.
