En el caso Consorcio, que investiga presuntas irregularidades judiciales, actualmente ninguno de los imputados se encuentra recluido en un centro penitenciario. La única persona que permanecía detenida, la exvocal Claudia Castro, fue trasladada recientemente a un centro médico. El resto de los acusados cumple medidas de detención domiciliaria o se encuentra internado en clínicas privadas por razones de salud.
Paralelamente, la Fiscalía decidió ampliar por otros 10 días la reserva del proceso, lo que impide el acceso al cuaderno de investigaciones y mantiene en confidencialidad las actuaciones fiscales y policiales. Esta medida ha generado cuestionamientos por parte de las defensas, que denuncian falta de información para preparar sus estrategias legales y advierten que la extensión del secreto limita el derecho a la defensa y la transparencia del proceso.
Estos son los imputados y su situación actual:
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César Siles, exministro de Justicia, cumple detención preventiva en una clínica privada, aunque un juez dispuso su reclusión en Patacamaya.
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Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue trasladada desde la cárcel de Obrajes a un hospital.
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Yván Córdova, expresidente del TDJ paceño, cumple detención domiciliaria tras pagar una fianza de 50 mil bolivianos.
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Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, también está con detención domiciliaria.
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José Ramiro Uriarte, abogado, presunto patrocinador de la acción legal, cuenta con detención domiciliaria con salida laboral.
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Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, aunque ahora se encuentra hospitalizado.
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Sergio S., funcionario judicial, fue beneficiado con detención domiciliaria.
El único acusado prófugo es Óscar De Lafuente Amelunge, quien presentó la acción judicial que detonó la denuncia. Hasta la fecha, no ha sido ubicado por las autoridades.
