Cerimedo no era funcionario: Transparencia investigará sus vínculos con el Estado

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el Gobierno instruyó una investigación integral sobre las denuncias relacionadas con Fernando Cerimedo y sostuvo que el alcance del proceso no estará limitado al consultor argentino, sino a los hechos que sean objeto de investigación y a las personas que pudieran estar vinculadas con ellos.

En entrevista con Asuntos Centrales, García explicó que el Ministerio Público es la instancia encargada de conducir la investigación penal, mientras que las instituciones estatales aportan información y documentación cuando les es requerida. En ese marco, señaló que el Viceministerio de Transparencia ya se constituyó como parte coadyuvante.

Cerimedo no era funcionario público

Uno de los puntos abordados fue el papel que tuvo Cerimedo durante los primeros meses de la gestión del presidente Rodrigo Paz, debido a su presencia en actos oficiales y reuniones con autoridades.

García señaló que el rol conocido de Cerimedo era el de consultor en comunicación política, vinculado al asesoramiento sobre entrevistas, mensajes y la presentación de temas ante los medios de comunicación.

Sin embargo, remarcó que esa participación no implicaba que formara parte de la estructura estatal.

“El señor Fernando Cerimedo no era parte dentro de la estructura, no era funcionario y por lo tanto no tenía un salario como funcionario público”, afirmó el viceministro de Transparencia.

Según explicó, una relación administrativa con el Estado requiere mecanismos formales como un memorándum, una resolución suprema o una resolución ministerial, además de funciones y atribuciones establecidas dentro de la estructura institucional.

Sobre la presencia de Cerimedo junto a ministros en diferentes actividades oficiales, García indicó que la explicación deberá ser establecida en el marco de las investigaciones, aunque consideró que la participación de un asesor de comunicación política en actividades de relevancia comunicacional puede ser habitual.

El Gobierno dice que se investigará “absolutamente todo”

Consultado sobre la instrucción del presidente Paz, el viceministro sostuvo que el mandato fue investigar la totalidad de las denuncias y aportar los elementos que permitan establecer responsabilidades, si correspondiera.

“El presidente, el despacho del presidente instruyó que se investigue esta denuncia, que se investigue absolutamente todo”, señaló García.

El funcionario agregó que la posición del Gobierno es que la investigación debe desarrollarse sin privilegios ni distinciones y que el Estado debe proporcionar información a las autoridades competentes.

En esa línea, mencionó también que la Unidad de Investigaciones Financieras informó que realiza un trabajo de inteligencia financiera y patrimonial cuyos resultados pueden ser puestos a consideración del Ministerio Público.

Empresas y posibles recursos del Estado, bajo revisión

Respecto a las empresas y actividades vinculadas con Cerimedo y su entorno, García señaló que podrán ser investigadas cuando exista una relación con instituciones del Estado boliviano.

“Siempre y cuando tenga relación con instituciones del Estado boliviano, por supuesto que se tiene que investigar”, respondió ante la consulta sobre posibles negocios y eventuales recursos estatales.

El viceministro también diferenció las denuncias que cuentan con elementos documentales de aquellas que deben ser verificadas por la Fiscalía. Como ejemplo, mencionó una denuncia presentada por su despacho relacionada con YPFB y la entrega de Bs 1.057 millones a un particular.

Según García, esa denuncia fue formalizada con documentación que incluye actas de directorio, modificaciones reglamentarias, documentos de adjudicación, comprobantes de transferencias y constancias de incumplimiento.

El caso Beller está bajo dirección de la Fiscalía

Sobre Nadia Beller, quien presentó denuncias y elementos relacionados con el caso, García indicó que el Viceministerio de Transparencia no la convocó debido a que ya existe una investigación penal abierta bajo responsabilidad del Ministerio Público.

Explicó que corresponde al fiscal a cargo determinar las actuaciones investigativas y la convocatoria de testigos, mientras que la información proporcionada debe ser contrastada con otros elementos antes de establecer una conclusión jurídica.

“El director funcional, quien tiene el monopolio de la investigación penal, es el Ministerio Público”, sostuvo García.

El viceministro agregó que las instituciones de Transparencia actúan de manera distinta cuando reciben denuncias relacionadas con entidades públicas que todavía no están bajo una investigación penal abierta. En esos casos, realizan el relevamiento de información y pueden desarrollar investigaciones financieras antes de remitir los elementos encontrados al Ministerio Público.

Transparencia se concentra en la legitimación de ganancias ilícitas

García explicó que el Viceministerio de Transparencia participa específicamente en la investigación vinculada con la posible legitimación de ganancias ilícitas.

Señaló que su intervención responde a la naturaleza de la denuncia y no a la identidad de la persona investigada, mientras que otras instancias estatales asumieron tareas relacionadas con las denuncias sobre posibles afectaciones a una mujer.

En ese sentido, mencionó al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y al SEPDAVI, que, según indicó, se pusieron a disposición para brindar acompañamiento y asesoramiento gratuito a la presunta víctima.

Sobre las personas que podrían ser convocadas a declarar dentro de la investigación patrimonial, García aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al fiscal asignado al caso. Transparencia, como parte coadyuvante, no define quiénes deben acudir en calidad de testigos.

La investigación no se limitará a una persona

Ante la consulta sobre si el proceso alcanzará únicamente a Cerimedo o también al entorno que pudiera estar relacionado con las irregularidades denunciadas, García remarcó que el objeto de una investigación penal son los hechos.

“Lo que se investiga no es a personas, se investigan hechos”, afirmó.

A partir de ese criterio, explicó que si durante la investigación se establece que en determinados hechos participaron una o varias personas, estas pueden ser convocadas por la Fiscalía. La ampliación del proceso dependerá de los elementos que surjan durante las diligencias.

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