Cívicos del Beni analizarán abrogar o modificar el DS 5676 en reunión nacional
El presidente cívico confirmó que el tema será discutido el 2 de septiembre en Cochabamba.
El Comité Cívico del Beni mantiene su rechazo al Decreto Supremo 5676 y anunció que el tema será llevado a una reunión nacional de movimientos cívicos prevista para el 2 de septiembre en Cochabamba.
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El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, explicó que durante los últimos días se realizaron reuniones con autoridades nacionales para buscar soluciones a los problemas de abastecimiento de combustible y al descontento generado por la normativa, que afecta principalmente al sector agropecuario, según sostuvo.
Aumentan el combustible por surtidor
Aponte informó que, como resultado de las gestiones realizadas con autoridades nacionales, se consiguió elevar de 15.000 a 30.000 litros la cantidad de combustible destinada a cada surtidor del departamento.
“Cada surtidor simplemente tenía de 15 mil litros. Y eso para nosotros y para el departamento es como una burla”, afirmó.
Según explicó, ahora se plantea realizar un estudio considerando el área de influencia de cada provincia para determinar si corresponde incrementar nuevamente los cupos.
También destacó la habilitación de una nueva distrital que, según indicó, permitirá atender a seis provincias, incluida la provincia Rural de La Paz, y reducir la dependencia de gestiones realizadas desde Cochabamba.
El rechazo al decreto continúa
Pese a los avances en el abastecimiento, Aponte señaló que el principal punto de conflicto continúa siendo el Decreto Supremo 5676.
“El decreto es el que daña, es el que el sector agropecuario ahorita está rechazando rotundamente”, sostuvo.
El dirigente afirmó que el Comité Cívico del Beni tampoco acepta la normativa y explicó que existe presión de productores, particularmente del sector arrocero, para que se defina una posición sobre el decreto.
Recordó que el Beni es un importante productor de arroz y señaló que representantes de distintas zonas del departamento ya solicitaron reuniones con el directorio cívico para hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el conflicto en el puente San Pablo.
Analizan modificación o abrogación
Aponte explicó que inicialmente la demanda planteada en el departamento estaba orientada a la abrogación del decreto, aunque ahora también se analiza la posibilidad de modificarlo o adecuarlo.
“Siempre nosotros apostando al diálogo, que las cosas no encascarnos en algo que no podamos avanzar”, manifestó.
El dirigente consideró que el cuarto intermedio acordado en San Pablo permitió abrir un espacio para analizar alternativas y sostuvo que las decisiones deben tomarse después de revisar el contenido de la norma.
El debate llegará a Cochabamba
El presidente cívico confirmó que el tema será discutido en una reunión nacional de movimientos cívicos convocada para el 2 de septiembre en Cochabamba.
Según Aponte, otros departamentos también expresaron su rechazo al decreto y se sumaron a la discusión, por lo que considera que el conflicto ya no se limita al Beni o al oriente del país.
“Estamos siendo convocados para el día dos de septiembre para estar allá en la ciudad de Cochabamba. Y bueno, ahí vamos a tomar determinaciones”, afirmó.
Piden un análisis técnico
Frente a la posición del Gobierno, que defiende el DS 5676 y señala que responde a un requerimiento del Fondo Monetario Internacional, Aponte sostuvo que antes de definir una postura deben revisar técnicamente la norma.
“Primeramente tenemos que sentarnos y analizarlo técnicamente”, afirmó.
El dirigente señaló que el Comité Cívico recurrirá a sus asesores y equipos técnicos para evaluar los alcances del decreto y determinar si corresponde respaldar una modificación, adecuación o abrogación.
“Al calor del momento o no por improvisar”, dijo, al remarcar que las decisiones del movimiento cívico deben surgir de un proceso de análisis y debate.
Aponte señaló que, más allá de los plazos establecidos por otros movimientos cívicos, considera que la reunión nacional de Cochabamba será el espacio para definir una posición conjunta sobre el Decreto Supremo 5676.
