Cívicos paceños exigen aplicar la Constitución para garantizar el libre tránsito y levantar el cerco a La Paz

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, Rolando Miranda, informó que el sector exigirá la aplicación estricta de los artículos 21 y 109 de la Constitución Política del Estado para obligar a los niveles estatal y municipal a garantizar el libre tránsito en las rutas de acceso a la sede de gobierno. La solicitud será planteada formalmente durante la Asamblea de la Paceñidad, un mecanismo de deliberación convocado por el ejecutivo municipal a insistencia del movimiento cívico regional tras cumplirse un plazo de 48 horas.

El representante cívico calificó la situación logística de la ciudad como calamitosa debido a que la protesta social derivó en un sitio de entre 25 y 27 días de duración, el cual ha perjudicado directamente el abastecimiento y la entrada de productos de primera necesidad.

“Nos hemos sentido indefensos de ellos. En sus declaraciones les hemos escuchado que estaban haciendo tratativas, pero no se han visto los resultados. Han reaccionado muy tarde, imagínese. Después de más de 25 o 27 días que tenemos el sitio a la ciudad de La Paz, porque esto no puede ser una protesta ni un paro; están sitiándonos a la ciudad. Para el problema del ingreso de alimentos ha sido realmente calamitoso y estamos sufriendo los paceños como nunca antes. El gobierno tiene que ponerse de una vez a ser gobierno, garantizar el libre tránsito”, declaró Miranda.

Miranda manifestó que la dirigencia cívica se ha sentido desamparada por el gobernador, los asambleístas locales, el alcalde y los concejales, señalando un divorcio político e institucional entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo de La Paz. Detalló que, pese al envío de cartas abiertas, un solo concejal acompañó la marcha cívica efectuada el pasado viernes. Finalmente, el dirigente expresó que la reciente abrogación de la norma regulatoria podría evitar la necesidad de aplicar un estado de excepción de forma sectorizada en los puntos de bloqueo, aunque advirtió que la alcaldía mantiene reparos sobre el uso de este instrumento de excepción constitucional.