Bolivia irá el domingo a las urnas para elegir nuevamente a los jueces de los principales tribunales del país, tras un proceso accidentado que estuvo marcado por la anulación de las convocatorias y la polémica extensión de funciones de los magistrados que debían dejar sus cargos a principios de año.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 7,3 millones de votantes quienes elegirán de entre más de 90 postulantes a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Esta será la tercera elección judicial luego de las efectuadas en 2011 y 2017, en las que la mayoría de los electores votaron en nulo y blanco, al considerar que los postulantes seleccionados en el Parlamento eran afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Estas son las claves del proceso que se hará parcialmente en varias regiones bolivianas:
1. Elecciones canceladas en 2023
Los comicios se cancelaron en 2023 por los recursos judiciales presentados ante salas constitucionales que ordenaron la paralización del proceso de selección de postulantes en el Legislativo en al menos dos ocasiones.
A esto se sumó las diferencias en el MAS, que en ese momento ya mostraba sus fisuras internas, por el alejamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019) con el presidente Luis Arce.
En septiembre de 2023, el TSE desestimó la realización de los comicios durante ese año porque el Legislativo no envió la lista con los postulantes seleccionados.
2. Cuestionada prórroga de magistrados
A finales de 2023, los magistrados del TCP extendieron su mandato y el de los jueces de las demás cortes del país bajo el argumento de evitar un “vacío de poder” hasta que se realicen unas nuevas elecciones, pese a que su mandato concluía a principios de este año.
La prórroga de funciones de los magistrados desató en enero la protesta de la oposición, mientras que los sectores del oficialismo leales a Morales bloquearon carreteras por 11 días para exigir la renuncia de los jueces.
El conflicto se solucionó con una negociación multipartidaria que resolvió aprobar una nueva convocatoria para los comicios.
3. Nueva convocatoria
El presidente Arce promulgó la ley de convocatoria para las elecciones judiciales a principios de febrero luego de que se saldaron las divergencias en el Parlamento.
La ley vigente hizo ajustes a los tiempos de convocatoria, presentación, selección y organización del proceso electoral, que pasaron a ser de 80 a 150 días, con la finalidad de que se cumplan todas las etapas.
4. Batalla judicial
La selección de postulantes en el Legislativo estuvo asediada nuevamente por la presentación de más recursos legales y que contaron con resoluciones favorables, sin embargo un tribunal distinto dispuso la continuidad del proceso.
En agosto, la autoridad electoral fijó el domingo 1 de diciembre la realización de las elecciones, pero más tarde la fecha fue cambiada para el 15 del mismo mes por los bloqueos de caminos que otra vez se realizaron en octubre por parte de los seguidores de Morales para defenderlo de una posible captura en una investigación por estupro.
5. Las elecciones se celebrarán, pero parcialmente
A principios de noviembre, el Constitucional declaró desierta la convocatoria para elegir a los magistrados de ese tribunal y del TSJ en algunas regiones de Bolivia, por lo que el ente electoral llamó a un encuentro político para defender la realización de elecciones “íntegras” y no parciales.
Finalmente el TSE acató la orden del Constitucional, y los comicios judiciales se realizarán de forma completa tan solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que son cuatro de las nueve regiones del país.
Mientras que en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán votar por los candidatos al TCP, en Beni y Pando tampoco se elegirán a los magistrados del TSJ.
Evo Morales es el principal critico de la celebración de las elecciones y de la prórroga de los magistrados, a quienes acusa de servir al presidente Arce, debido a un fallo constitucional que lo inhabilitaría para ser candidato presidencial en 2025.
