El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles en la crisis política de 2019 comenzó este jueves con la revisión de incidentes presentados por la defensa de ambos.
La audiencia se lleva adelante en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, a unas calles de la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia, que amaneció cercada por policías antidisturbios que también custodian los alrededores del juzgado, según constató EFE.
Áñez y Camacho fueron trasladados al juzgado en la madrugada, la expresidenta desde la cárcel de mujeres en el barrio de Miraflores en la que está recluida desde marzo de 2021, y Camacho desde una prisión de alta seguridad en el Altiplano boliviano donde se encuentra desde diciembre de 2022.
Al salir de prisión para ir a la audiencia, Áñez, que llevaba puesto un chaleco antibalas, sonrió, mostró a los medios las esposas que le colocaron y dijo que “no fue golpe, sí fue fraude”.
En la víspera llegó desde la región andina de Potosí otro de los acusados, el exlíder ciudadano de ese departamento Marco Pumari, quien pasó la noche en la cárcel de San Pedro en La Paz.
Los abogados de la exmandataria anticiparon que presentarán una excepción de incompetencia para que sea procesada en un juicio de responsabilidades, como señalan las normas en casos de procesos a un exjefe de Estado, algo que rechazan el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo, pues no reconocen la legalidad de la transición en 2019.
La defensa de Camacho anunció que planteará un proceso defectuoso.
Se prevé que el tribunal revise primero estos incidentes antes de proseguir con el proceso.
En las puertas del juzgado hubo un altercado entre un grupo de personas afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y parlamentarios opositores que asistieron a la audiencia.
Los primeros gritaron “asesinos” a los opositores, quienes les replicaron llamándoles “violadores”, en una aparente alusión a la investigación por presunta trata de personas y estupro al expresidente y líder del MAS Evo Morales (2006-2019).
Los antecedentes
El caso ‘golpe de Estado I’, por el que se realiza la audiencia, se inició por una denuncia de una exdiputada del MAS en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la salida de Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores afirman que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
En este caso también están acusados varios exaltos mandos militares y policiales de 2019 y dos exministros de Áñez, Arturo Murillo, extitular de Gobierno (Interior), en prisión en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero, y el de Defensa, Fernando López, quien está en Paraguay.
Áñez ya fue sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
Camacho está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aún era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.
En su caso, la Fiscalía le imputó por “terrorismo” en calidad de autor y anticipó que pedirá una sanción de 20 años de cárcel, mientras que Áñez, Pumari y dos exjefes militares están acusados como “cómplices”.
Agencia EFE
