Rafael y Camila Arce Mosqueira obtuvieron créditos bancarios por 9,1 millones de dólares para desarrollar un proyecto agropecuario. Lograron autorizaciones para desmontar el predio y la construcción de un puente con recursos públicos cerca de su propiedad
Los dos hijos menores del presidente Luis Arce protagonizan un escándalo en Bolivia que involucra a un banco y a instituciones públicas que los habrían beneficiado con autorizaciones y un proyecto de inversión pública. Según documentos obtenidos mediante orden fiscal y difundidos por medios nacionales, Rafael y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en 2021 seis créditos bancarios por un monto equivalente a 9,1 millones de dólares para desarrollar un proyecto agropecuario en Santa Cruz, la principal región productiva del país.
A las revelaciones de una investigación periodística de Connectas sobre la adquisición de las tierras y los permisos de desmonte, se suman documentos que muestran que los hermanos Arce obtuvieron créditos adicionales destinados a la compra de maquinaria e insumos agrícolas.
Rafael y Camila tenían entonces menos de 25 de años y no contaban con trayectoria empresarial ni experiencia en el rubro agropecuario. Consultado sobre el tema en una entrevista radial, el presidente Luis Arce confirmó la adquisición de las tierras y defendió la legalidad del préstamo asegurando que había sido validado por la solvencia del proyecto. Además dijo que en el terreno ya habían cultivos al momento de la transacción con lo que desestimó los cuestionamientos ambientales.
La entidad financiera que entregó los recursos a los hijos del presidente es el Banco Ganadero, que tras darse a conocer los millonarios desembolsos emitió un comunicado escueto en el que señala que sus operaciones se rigen por criterios técnicos y que no le corresponde involucrarse en “debates y pronunciamientos de tipo político”.
Según una publicación del periódico boliviano El País, la entidad bancaria habría recibido beneficios de parte del Estado luego de ejecutar los préstamos. Señala que el fondo de pensiones invirtió en el Banco Ganadero casi 200 millones de dólares en los tres años posteriores a la otorgación de los créditos, una información que no ha sido desmentida por ni el Gobierno ni por el banco. El reporte del medio detalla que en diciembre de 2021, año en el que los hermanos Arce obtuvieron los créditos, la entidad bancaria disponía de 846 millones de dólares de los fondos de pensiones y que a finales de diciembre de 2024 esa cifra superaba los mil millones de dólares.
El negocio de los hijos del presidente también se habría visto favorecido con autorizaciones de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), dependiente Ministerio de Medio Ambiente, que otorgó en tiempo récord permisos para ampliar los desmontes y los cultivos agrícolas, sin tomar en cuenta que al menos una parte del predio pertenece a una zona de conservación y uso sostenible de la tierra. Adicionalmente, imágenes satelitales muestran que varias hectáreas de la propiedad ardieron entre octubre y noviembre de 2024, cuando en el país regía una prohibición de quemas por la emergencia de los incendios forestales que ese año consumieron una superficie comparable a la de Nicaragua. Un análisis de deforestación, basado en imágenes Planet con 3,5 metros de resolución espacial, indica que solo en el año pasado, la hacienda “Adán y Eva” perdió 182,6 hectáreas de bosque.
Adicionalmente, el proyecto de los hermanos Arce Mosqueira fue beneficiado con una obra pública: la construcción de un puente a 15 kilómetros de su propiedad financiado por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia y estrenado en marzo de 2025.
Cuando se destapó el caso, Infobae envió solicitudes de información a dos ministerios, de la Presidencia y de Medioambiente, y a la ABT, pero ninguna instancia accedió a dar una entrevista como tampoco lo hicieron con Connectas, la plataforma periodística que investigó el caso.
Varios legisladores, activistas y organizaciones independientes se han manifestado sobre este caso. “¿Cumplieron los requisitos que establece como política institucional el banco? ¿La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero vio esto?”, cuestionó en un programa de radio el diputado Héctor Arce sobre la dotación de los créditos. Por otro lado, el diputado Enrique Urquidi indicó que presentó una denuncia ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que se investigue la compra del predio y el patrimonio de los hijos del presidente.
En tanto, la Fundación Tierra –una organización que se dedica a la investigación de temas agrarios y ambientales- dijo que el caso devela posibles delitos de tráfico de influencias y acciones contrarias a las normativas agroambientales. A través de un comunicado, la organización pidió una investigación transparente e imparcial “sin injerencia política”.
“Es un escándalo redondo de devastación y de corrupción en medio del desastre ecológico de Bolivia”, manifestó la senadora Cecilia Requena en una entrevista.
Pero los hijos menores de Arce no son los únicos que han estado en la palestra pública por presuntas irregularidades. El hijo mayor, Luis Marcelo, fue acusado -con fotografías y correos electrónicos filtrados de por medio- de haber participado en negociaciones personales con empresas extranjeras para la industrialización del litio. En vez de dar explicaciones, el jefe de Estado ha calificado como “ataques” las acusaciones contra sus vástagos y dijo ni él ni su familia son corruptos.
Las revelaciones sobre el predio “Adán y Eva” complican los últimos meses de gestión del mandatario. Arce dejará el poder en noviembre tras haber declinado su candidatura a la Presidencia y al Senado, en medio de una caída en la aprobación de su Gobierno, marcado por una profunda crisis económica y el silencio ante los escándalos que involucran a la familia del jefe del Estado.
