Después de más de dos meses de instalado el nuevo gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado su primer informe oficial sobre la situación macroeconómica del país. El documento es, en esencia, un balance de daños… pero también de reparaciones iniciales. Y conviene decirlo desde el inicio: para el corto tiempo de gestión, hay avances que no son menores.
Se normalizó la oferta de hidrocarburos, volver a encontrar gasolina ya no es una experiencia mística, se retiraron los subsidios a los combustibles, el tipo de cambio dejó de comportarse como adolescente hormonal, mejoraron ligeramente las reservas internacionales y se reabrió el grifo del financiamiento externo, con promesas de cooperación internacional que podrían sumar unos respetables 7.800 millones de dólares. Nada mal para los primeros capítulos de la novela.
Ahora bien, como toda buena lectura económica, el interés no está solo en lo que el informe dice, sino en lo que deja entrever. El propio documento reconoce que la inflación seguirá siendo elevada en los próximos meses, moviéndose entre el 12 % y el 17 %. Traducido al idioma cotidiano: los precios todavía no han decidido portarse bien.
Ante este escenario, el Banco Central de Bolivia ha hecho lo que hacen los bancos centrales cuando se ponen serios: apretar el cinturón monetario. Menos dinero circulando, tasas de interés más altas y un mensaje claro al mercado: “la fiesta se acabó, al menos por ahora”.
Es una decisión técnicamente correcta. Pero como toda medicina fuerte, tiene efectos secundarios. Menos liquidez significa menos crédito, menos inversión privada y una economía que empieza a caminar más despacio. El desafío es evidente: domar la inflación sin mandar a la economía a la cama con fiebre alta.
Un detalle curioso del informe es lo que no dice. No hay una proyección clara de crecimiento económico para el 2026. Silencio absoluto. Como si el tema se hubiera ido a comprar cigarrillos.
El problema es que el Banco Mundial sí habla, y lo hace sin rodeos: proyecta una contracción de alrededor del –1,1 % para la economía boliviana para el 2026. Es decir, podemos estar más ordenados, pero produciendo menos. La estanflación continuará. Inflación con recesión.
Aquí conviene recordar una verdad incómoda: estabilidad no es sinónimo de prosperidad. Se puede tener inflación controlada y, al mismo tiempo, menos empleo, menos ventas y más caras largas.
El informe también anticipa que el ajuste fiscal continuará, con un recorte en del déficit público que nos llevará de 12,5% del PIB a 7% del mismo agregado. en 2026 y un esfuerzo aún mayor en 2027. En lenguaje llano: el Estado seguirá gastando menos y apretando más.
El riesgo es conocido por cualquier estudiante de macroeconomía: si el ajuste fiscal coincide con una política monetaria contractiva, la economía puede entrar en modo “doble freno”. Y ningún auto, por muy patriótico que sea, acelera con el freno de mano puesto.
Frente a este panorama, la estrategia del gobierno es clara: usar la inversión pública como amortiguador. Grandes proyectos financiados con créditos externos buscan sostener la actividad económica mientras el sector privado respira hondo.
Aquí entran en escena los organismos multilaterales, como la CAF y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cumplen dos funciones clave: aportan dólares frescos, bienvenidos en tiempos de escasez, y permiten mantener el nivel de actividad sin exprimir el ahorro interno.
Eso sí, no toda inversión pública es igual. Hay obras que generan productividad y otras que solo generan inauguraciones con cinta tricolor. El verdadero desafío no es gastar, sino gastar bien.
Por otra parte, hay, sin duda, una dosis razonable de esperanza puesta en la inversión privada y, sobre todo, en la inversión privada externa. La presencia de nuestras autoridades en Davos, ese spa alpino donde los países pequeños sueñan en grande, apunta justamente a eso: seducir capitales, atraer inversión extranjera directa y convencer al mundo de que Bolivia ya no es solo un caso de estudio, sino una oportunidad. El entusiasmo fue evidente. Ahora bien, entre lo dicho en los Alpes suizos y lo hecho en el altiplano boliviano, hay más que distancia geográfica: hay instituciones, reglas, confianza y tiempo. Mucho tiempo.
Mientras tanto, las promesas de dólares de los organismos internacionales ayudan a calmar expectativas, pero no pagan importaciones, servicios de deuda externa o ayudan a estabilizar el tipo de cambio. La economía no funciona con fotos en la nieve de Davos: necesita dólares sonantes y constantes, no futuros hipotéticos con fecha incierta. Y ahí es donde el problema vuelve a aterrizar, con fuerza, en casa.
Consciente de la urgencia, el gobierno ha intentado una jugada delicada a través del BCB persuadir a la Asamblea para modificar la Ley 1503, que impide la venta de las últimas 22 toneladas de oro de las reservas internacionales. La idea es simple: convertir lingotes brillantes en billetes verdes. El resultado político, por ahora, también es simple: no va a pasar. El oro seguirá brillando… pero sin liquidez.
Así, el desafío central continúa intacto: recomponer reservas internacionales en dólares. ¿Cómo? Las opciones son pocas y bastante conocidas. Una posibilidad es algún tipo de apoyo directo del gobierno de Estados Unidos. La otra, cada vez menos evitable, es un acuerdo con el FMI para balanza de pagos y para restituir las reservas internacionales, esa institución que en Bolivia tiene la reputación de suegra estricta: nadie la quiere invitar, pero todos saben que puede ordenar la casa.
Esta alternativa ha sido postergada durante meses, probablemente con un ojo puesto en el calendario electoral y el otro en la sensibilidad social. Sin embargo, la aritmética macroeconómica no vota en elecciones regionales. Y, según comentan las malas lenguas, que en economía suelen estar bien informadas, un entendimiento con el Fondo sería incluso condición para que el BID acelere el desembolso de los 4.500 millones de dólares ya comprometidos. En otras palabras: sin suegra, no hay fiesta completa.
El gobierno, así, navega en aguas turbulentas. La buena noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, la luz al final del túnel ya no parece un tren viniendo de frente con las luces altas, sino una salida real. La mala noticia es que la política sigue enviando señales confusas: no se vislumbra un pacto claro en la Asamblea y la relación con la sociedad continúa siendo una mezcla volátil de amor apasionado y odio histórico.
En este contexto, el mayor riesgo no es económico sino político. Los avances iniciales, frágiles pero reales, pueden descarrilarse si la gobernabilidad no acompaña. Porque en Bolivia, como bien sabemos, las crisis rara vez se originan solo en los números: casi siempre empiezan en la política… y luego se cobran en dólares.
