El abogado Frank Campero, representante legal de Massiel Terrazas, señaló este lunes que el exministro de Justicia Iván Lima Siles y miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habrían intentado frenar la acción de amparo constitucional que su defendida presentó y ganó el pasado 27 de mayo contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Campero formalizó una denuncia penal por uso indebido de influencias y consorcio entre jueces, fiscales y abogados.
“La doctora Terrazas recibió presiones directas para desistir del amparo. Le dijeron que debía levantar esa acción porque iba en contra del señor Andrónico Rodríguez”, afirmó Campero. Según su testimonio, días antes de la audiencia, el exministro Siles mantuvo reuniones con miembros del TCP en Santa Cruz. Posteriormente, esa instancia suspendió la aplicación de tres amparos constitucionales, entre ellos el que favorecía a Terrazas, en lo que el abogado calificó como “una maniobra amañada”.
De acuerdo con Campero, el TCP confundió incluso el número del amparo y anuló uno del año pasado en vez del presentado en mayo. “Esto evidencia la improvisación y la manipulación. La Constitución es clara: las decisiones que conceden acciones de amparo deben aplicarse de forma inmediata y obligatoria. Lo que han hecho es ir en contra del artículo 129, párrafo quinto, y el 202, numeral seis”, explicó.
El caso escaló aún más este fin de semana con la filtración de un audio donde supuestamente se escucha cómo se manipula a un juez provincial para emitir un fallo contra Fanny Joaquina, otra dirigente del MTS disidente. “Es la punta del ovillo de una injerencia política sistemática en el Órgano Judicial”, afirmó el abogado.
Campero confirmó que la denuncia penal ya fue presentada contra el exministro Siles, y anunció que el proceso podría ampliarse contra otros funcionarios conforme avancen las investigaciones. Además, informó que se ha iniciado un juicio de responsabilidades contra la Comisión de Admisión del TCP por vulnerar la Constitución y obstaculizar la ejecución de un fallo vigente.
“Estamos utilizando todos los recursos que establece la ley. No vamos a permitir que una acción legal ganada sea pisoteada por acuerdos políticos o intereses de poder”, concluyó Campero.
