Ludwin Sánchez Mier, dirigente ejecutivo nacional de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica de Bolivia, lanzó una denuncia pública sobre supuestas irregularidades en la importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusando un esquema de sobreprecios y señalando la participación de intermediarios, entre ellos la empresa Botrading, con presuntos nexos en el entorno del presidente Luis Arce.
Durante una entrevista difundida este martes, Sánchez sostuvo que actualmente el Estado estaría comprando combustibles a través de contratos spot, una modalidad de adquisición por requerimiento inmediato que, según explicó, eleva los costos de manera significativa. “El gobierno está comprando entre 800 y 1.100 dólares por tonelada métrica, cuando se puede adquirir directamente de refinerías por 475 dólares”, afirmó.
Atribuyó la diferencia de precios a la participación de intermediarios como Bo Trading, empresa que —según dijo— opera desde Paraguay y concentra el 99% de las acciones en manos privadas. “Es una oficina de 5×5 metros en Paraguay, pero tiene el monopolio del negocio del combustible en Bolivia”, señaló.
Sánchez fue más allá al vincular a esta intermediación con miembros cercanos al presidente Arce. Dijo haber mantenido contacto en el pasado con Marcelo Arce Mosqueira, hijo del mandatario, y otros altos ejecutivos del sector hidrocarburífero, aunque aclaró que nunca aceptó asociarse ni participar en reuniones privadas donde se discutían posibles negocios. “Siempre me excusé, no quería tener una cola que me pisen. Tengo pruebas de esos contactos y las voy a presentar”, advirtió.
La denuncia incluye también una propuesta: eliminar la intermediación en la compra de combustibles mediante la importación directa desde refinerías internacionales, lo que, en su criterio, permitiría reducir el gasto estatal en alrededor de 3.000 millones de dólares por año. “Es una falsa subvención, un botín de los gobiernos de turno”, aseguró.
Recordó que ya en 2019 presentó una denuncia penal contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez por la paralización de la planta de urea en Bulo Bulo, Cochabamba, que según su estimación causó un daño económico superior a los 243 millones de dólares. “Hoy algunos de esos exfuncionarios ya tienen sentencia ejecutoriada”, apuntó.
Finalmente, Sánchez afirmó que continuará con su denuncia pese a las amenazas que ha recibido. “Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la liberación económica de mi pueblo. No quiero ver a mi hija crecer en hiperinflación ni a Bolivia hipotecada por décadas”, concluyó.
