Por Gonzalo Chávez Álvarez
La semana que termina deja un sabor agridulce. Por un lado, se registró una leve caída en el tipo de cambio paralelo del dólar, lo que generó un respiro temporal. Por el otro, se conoció que la inflación de junio alcanzó un 5,21%, una de las más altas de las últimas décadas. Aunque en apariencia estos hechos tienen sentidos opuestos, la baja del valor del boliviano (Bs) en relación al dólar y la subida de los precios, en realidad son dos expresiones distintas de una misma crisis económica que se agrava con el paso de los meses. Además con 6 meses de retraso, se ha conocido que la economía boliviana sólo creció al 0.74% en el 2024. Se confirma lo que habíamos alertado así muchos meses atrás Bolivia está en una estanflación inflación alta con recesión. Hoy concetremonos en el dólar y la inflación.
La caída del boliviano en relación al dólar en el mercado paralelo, tanto en su versión física como en el llamado “dólar cripto”, tiene múltiples causas. A mediados de la semana se puso por debajo de 14 Bs. Desde el lado de la oferta, se observó una leve mejora en las exportaciones de productos agroindustriales y en los ingresos por turismo, lo que pudo inyectar algo más de divisas al mercado pero sin revertir el déficit comercial. A esto se suma la aprobación en la Asamblea Legislativa de algunos créditos internacionales de libre disponibilidad, que permitieron una inyección temporal de dólares al sistema financiero.
Del lado de la demanda, hay factores que también explican la baja temporal del dólar. La principal es la reducción en las importaciones debido al encarecimiento de los bienes del exterior, lo que significa que muchos importadores han dejado de demandar dólares. Además, la incertidumbre generada por el anuncio de un decreto para regular las criptomonedas en Bolivia ha provocado que muchos ciudadanos reduzcan su exposición al dólar cripto, vendiendo sus activos digitales ante el temor de una eventual prohibición o control estatal. También la demanda de dólares pudo haberse reducido, parcialmente, porque el gobierno ofreció alternativas financieras para la inversión, como las aplicaciones en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) y bono indexados al preciio del oro.
En términos políticos, las últimas semanas han sido menos tensas, especialmente tras el repliegue de las movilizaciones encabezadas por Evo Morales. Esta tregua ha permitido que el mercado respire, aunque sea brevemente. La calma política tiende a reducir las expectativas negativas, y eso también influye en la demanda de divisas. La demanda por especulación disminuyó ligeramente.
Sin embargo, hacia el final de la semana el precio del dólar en Bolivianos volvió a subir, superando nuevamente los 15 bolivianos por unidad. La leve caída no fue sostenible, como era de esperarse. Una de las razones principales de este rebote es la alta inflación. Según datos oficiales, la inflación acumulada entre enero y junio de 2025 ya alcanza el 15,5%, más del doble de la meta anual del gobierno, que era del 7,5%. La inflación interanual (junio 2024 a junio 2025) superó el 24%, mientras que la inflación de alimentos llegó al 38%. Productos de higiene personal y de limpieza del hogar aumentaron un 41%.
En un contexto como este, donde el boliviano pierde poder adquisitivo de forma acelerada, los ciudadanos buscan proteger su riqueza adquiriendo activos más estables, como el dólar físico o las cripto dólares (USDT). La inflación se convierte en un “impuesto oculto” que afecta con mayor fuerza a quienes tienen ingresos fijos o informales, es decir, a la mayoría de la población.
Además, el gobierno ha intentado ofrecer alternativas financieras para retener la riqueza de los ciudadanos dentro del sistema local. Es el caso de los depósitos indexados en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) o el reciente bono vinculado al precio del oro. Estas herramientas buscan captar recursos internos y ofrecer cierta protección contra la inflación, pero al mismo tiempo generan efectos no deseados: pueden consolidar una inflación con características inerciales.
Sin embargo, cuando se analizan los aspectos estructurales de la economía boliviana, especialmente en el frente externo, resulta difícil pensar que el tipo de cambio paralelo pueda continuar bajando de forma sostenida. Las exportaciones siguen en niveles bajos, la inversión extranjera directa prácticamente ha desaparecido, y los préstamos internacionales dependen de decisiones legislativas que avanzan con lentitud. A ello se suma que las remesas enviadas por bolivianos en el exterior, si bien estables, no son lo suficientemente altas como para compensar el déficit de divisas.
En este panorama, el retorno al tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos por dólar no es solo improbable, sino completamente fuera de la realidad actual. La inflación persistente y acelerada es un factor estructural que impulsa la demanda de dólares. Ya no estamos solamente frente a una inflación de costos, asociada a bloqueos, insumos importados más caros o eventos climáticos adversos. La inflación en Bolivia ahora tiene tres componentes más difíciles de controlar.
El primero es la expansión monetaria. El Banco Central de Bolivia ha financiado crecientemente el déficit fiscal mediante emisión monetaria, lo que tradicionalmente se conoce como emisión inorgánica. Esto se puede verificar observando el aumento del crédito interno neto del Banco Central al sector público, una variable clave para entender la presión inflacionaria. Más dinero persiguiendo menos productos genera inflación.
El segundo componente es el aumento de la incertidumbre política y social, que ha afectado las expectativas inflacionarias. Cuando los actores económicos anticipan que los precios seguirán subiendo, adaptan su comportamiento en función de esa expectativa: especulan, suben precios preventivamente y buscan activos refugio.
El tercer factor es el surgimiento de una inflación inercial, que se manifiesta cuando los precios actuales se fijan tomando como referencia la inflación pasada. Este fenómeno se refuerza con mecanismos como la indexación de depósitos (las inversiones en UFV) y bonos a la inflación o al precio del oro. Si bien estas herramientas protegen a los ahorristas, también consolidan la inflación como un componente estructural. Una inflación que va adquiriendo memoria.
Frente a este escenario complejo, la credibilidad de las autoridades económicas se ha visto seriamente debilitada. Muchas decisiones de política pública ya no surten efecto, y la mayoría de los agentes económicos han adoptado una estrategia de espera y mirar: no se mueven, no invierten, no confían. Todo parece indicar que las expectativas están puestas en un cambio de gobierno hacia noviembre. Pero esperar pasivamente puede ser un lujo que la economía boliviana no puede darse.
Sería racional que los actores políticos, oficialismo y oposición, pacten una transición ordenada, con ciertas medidas mínimas para contener el deterioro. Tres acciones puntuales podrían ser implementadas de inmediato: congelar el gasto público en propaganda, viajes y gastos innecesarios; evitar la aprobación de nuevas leyes económicas que generen más incertidumbre; y restaurar la independencia del Banco Central para frenar la emisión monetaria descontrolada. Estas medidas no resolverán la crisis, pero podrían ayudar a que Bolivia no llegue en ruinas a noviembre de 2025.
