Las ocho fuerzas políticas que siguen en carrera impulsan nuevas leyes en áreas como hidrocarburos, impuestos, laboral, minería e inversiones. Las diferencias son de forma.
La crisis económica está marcando la campaña electoral. ¿Cómo revertir la escasez de dólares? ¿Quitar o no el subsidio a los combustibles? ¿Cómo lograr que retornen las inversiones y que el Estado garantice seguridad jurídica a las empresas? ¿Quién y cómo financiará el proceso de reactivación? ¿Cuál será el rol del Estado y de los privados en el nuevo ciclo?
Estas son algunas de las preguntas que surgen. Independientemente de quién triunfe en las elecciones generales, es evidente que el próximo Gobierno tendrá que hacer cambios de fondo. Esto incluye nuevas leyes en áreas estratégicas, como hidrocarburos y minería; revisar los marcos actuales en materia tributaria y laboral; definir en qué condiciones se desarrollará la industria del litio; y una ley de inversiones que viabilice los proyectos y dé seguridad jurídica, entre otras materias.
Más allá de las diferencias, desde quienes propugnan una presencia mínima del Estado, como Acción Democrática Nacionalista (ADN), hasta aquellos que defienden su presencia central, como Alianza Popular, hay consenso en que llegarán los cambios al modelo. En el medio, APB-Súmate propone “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”.
Incluso desde la candidatura del Movimiento al Socialismo (MAS), que quiere marcar distancias con la actual administración, se habla de “un ajuste para hacer un Estado más eficiente y mejorar lo que no se pudo lograr”.
Cambios integrales
Los temas económicos no pueden avanzar de manera aislada. Por ello, cualquier cambio demandará recuperar la institucionalidad y garantizar la independencia de la justicia, que son considerados como elementos esenciales para brindar seguridad a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, uno de los elementos esenciales para reactivar la economía, generar divisas y mitigar el actual impacto de la escasez de dólares, la inflación y el subsidio a los carburantes, entre otros problemas.
Tras casi dos décadas de ausencia de diálogo tripartito, ese que debiera reunir a Gobierno, trabajadores y empresarios, desde las diferentes alianzas reconocen que es necesario, aunque con propuestas que van desde una fuerte flexibilización en materia laboral, hasta quienes defienden el equilibrio entre la productividad y los derechos de los trabajadores. La consigna de Alianza Unidad es “devolver la racionalidad” a la política económica.
El diálogo con los privados también se extenderá a la elaboración de leyes y políticas públicas; en Alianza Popular avanzan los contactos con los exportadores, mientras el candidato de Alianza Libre ofreció impulsar cambios en hidrocarburos y electricidad, tras un eventual triunfo en la primera vuelta.
La carga del déficit fiscal
El gasto público excesivo genera una pesada factura para el Estado boliviano. El Informe de Política Fiscal y Monetaria en Bolivia, 2014-2023, registra un promedio anual superior al 8%. Las proyecciones para este año, marcan un 9%. Por ello, una de las propuestas centrales de las diferentes alianzas es frenarlo, lo que pasa por reducir el gasto público.
Alianza Unidad anunció el decreto “Se acabó la fiesta”. Una medida que, en las primeras horas de un eventual gobierno de Samuel Doria Medina, haría un recorte de 2.483 millones de bolivianos en los gastos estatales.
Los bonos no se tocan. Ninguna de las agrupaciones en carrera electoral ha mencionado esa posibilidad. Incluso, algunos hablan de revisar y aumentar la Renta Dignidad, para mejorar los ingresos de los jubilados.
¿Y los subsidios?
Las filas en los surtidores se han convertido en una constante, especialmente en las zonas productivas y para el transporte público local y nacional. La falta de dólares para importar diésel y gasolina subsidiados, está impactando en varios sectores productivos. Las propuestas incluso han sido motivo de sarcásticos comentarios.
APB-Súmate insiste en que, durante un eventual gobierno de Manfred Reyes Villa, el combustible se venderá a 5 bolivianos el litro. El Estado continuará importando, pero en un sistema abierto a la participación de los privados. La candidata a vicepresidenta de Alianza Popular, Mariana Prado, comentó que ese precio sólo es posible en Dubai y tendría que ser importado “por WiFi”; pero anunció un subsidio escalonado.
Alianza Popular también considera un recorte a los subsidios, pero focalizado, evaluando el impacto en la población en general, eliminando el subsidio para vehículos particulares y de alta gama; se evaluará la situación de los sectores productivos de mayor consumo, como la minería y el agro.
Unidad Nacional ve una crisis de energía, más allá de los combustibles, por lo que es urgente reactivar al sector. En el MAS, el subsidio no se toca; la apuesta está en lograr dólares a partir de la minería.
Muchas prioridades
La disponibilidad de un fondo de estabilización es una prioridad para las diferentes fuerzas políticas. Mientras APB-Súmate apuesta por el litio para tener 10.000 millones de dólares, Libre asegura que podrá obtener 12.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras Unidad proyecta una base de 5.000 millones para arrancar.
Un nuevo Pacto Fiscal ya no se puede postergar. Los gobiernos del MAS fueron centralizando los recursos y asignando mayores competencias a las regiones, mientras caía la producción y exportación de gas, impactando directamente en los recursos para gobernaciones, alcaldías y universidades.
El candidato del PDC propone una redistribución 50-50, con la que coincide Unidad. En Libre hablan de la creación de impuestos regionales y de revertir la actual distribución llegando hasta un 60% para las regiones. La nueva administración también tendrá que lidiar con aspectos políticos y sociales. Los bloqueos son un duro freno para la actividad económica. Se estima que, en 2024, generaron pérdidas por 4.500 millones de dólares. Por ello, hay consenso en aplicar la ley y sancionar quienes impiden el libre tránsito.
En definitiva, muchos temas por atender en un país donde los subsidios y bonos se perciben como un derecho y no un beneficio, en el que la informalidad impera y en el que el contrabando se impone ante la falta de control y autoridad. Mientras tanto, la inversión extranjera continúa cayendo, pese al potencial que Bolivia ofrece en sectores como hidrocarburos. Esos son apenas algunos de los temas que la nueva administración tendrá que superar para garantizar su propia continuidad.
