El programa beneficiará a unas 30.000 familias de zonas rurales, donde enfrentan problemas de aridez, deforestación y erosión de suelos.
El directorio del Banco Mundial aprobó un préstamo de 150 millones de dólares para el Estado Plurinacional de Bolivia con el objetivo de apoyar una mejor gestión de los recursos hídricos en 15 cuencas y 256 municipios en todo el país. Unas 30.000 familias de zonas rurales se verán beneficiadas al mejorar su capacidad para enfrentar los impactos del cambio climático.
Las familias beneficiarias, dedicadas mayormente a la agricultura de subsistencia en las partes altas de las cuencas, enfrentan elevados índices de aridez, deforestación y erosión de suelos que dificultan su actividad. El proyecto Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario apunta justamente a potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.
“Para el Banco Mundial es crucial apoyar a los países a lograr la seguridad hídrica mediante una gestión adecuada del agua. Bolivia ha avanzado en este ámbito y ha realizado importantes inversiones en riego para mejorar la producción agrícola, sin embargo, aún enfrenta múltiples desafíos marcados por el cambio climático y la necesidad de los agricultores de pequeña escala”, afirmó Camille Nuamah, Representante Residente del Banco Mundial en Bolivia.
La seguridad hídrica es un desafío urgente en el país, que presenta profundas disparidades territoriales y fenómenos climáticos recurrentes que provocan una distribución desigual del agua. Se prevé que el cambio climático agrave estos problemas, con el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones, afectando la disponibilidad de agua para la agricultura.
El proyecto apoya la planificación estratégica del país en el sector, expresada en el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos (PPRH), la gobernanza e institucionalidad en la gestión hídrica en los niveles subnacional y municipal y la orientación de inversiones.
Estas inversiones se enfocarán en tres ámbitos, definidos en función del beneficio para las familias rurales: protección de fuentes de agua para incrementar la oferta mediante reforestación, recuperación de praderas nativas, mejora de suelos y protección de áreas de recarga de agua, todo en un área aproximada de 16.000 kilómetros cuadrados; optimización de los sistemas de riego familiar y comunitario, incluyendo riego tecnificado, para mejorar la productividad de los cultivos, diversificar su producción y mejorar los ingresos de las familias; e implementación de infraestructura resiliente contra inundaciones y la erosión (desgaste de suelos).
La inseguridad hídrica también afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes desempeñan un papel crucial en la agricultura y la gestión del agua. Por ello, el proyecto tomará medidas para apoyar su acceso a las inversiones, asegurar que su perspectiva sea considerada durante la implementación y que las capacitaciones fortalezcan sus destrezas como productoras y aumenten su participación en la toma de decisiones en organizaciones de gestión de agua y riego.
El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 28,5 años y un periodo de gracia de 11,5 años.