El presidente en ejercicio del Parlamento de Bolivia, Andrónico Rodríguez, promulgó este martes una ley que cesa las funciones de los magistrados de altas cortes que extendieron su mandato un año, aunque esa determinación no fue reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Rodríguez promulgó la ley ya aprobada en junio aprovechando su calidad de presidente en ejercicio del Parlamento, puesto que el presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del país, David Choquehuanca, asumió la Presidencia interinamente por el viaje del mandatario Luis Arce a Brasil para participar en la Cumbre del G20.
“Estamos cumpliendo con la Constitución Política del Estado, con la ley y con el pueblo”, dijo Rodríguez, quien pertenece al bloque oficialista que respalda al exmandatario Evo Morales (2006-2019).
Rodríguez señaló que la promulgación busca “restablecer la plena vigencia” de los artículos de la Carta Magna que establecen que el límite de las funciones de los magistrados y “consolidar la cesación de funciones de las actuales autoridades judiciales autoprorrogadas”.
En junio, el Parlamento de Bolivia aprobó la ley en una sesión sin la presencia de los parlamentarios afines al Gobierno de Arce aunque con el quorum necesario de los legisladores oficialistas del ala ‘evista’ del oficialismo, que responde a Morales, y de los partidos de oposición Comunidad Ciudadana y Creemos.
Aquella sesión legislativa se realizó bajo la dirección de Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del Parlamento debido a que Choquehuanca tomó las funciones de presidente en ejercicio por un viaje de Arce a Rusia.
Sin embargo, ese mismo día, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un dictamen que estableció que esa sesión del Legislativo se hizo “sin ningún respaldo legal o constitucional”, por lo que el Ejecutivo desestimó la obligatoriedad de promulgar la ley.
Rodríguez consideró esta jornada que ya pasó el tiempo que establece la Constitución para que el Ejecutivo se pronuncie, por lo que el Parlamento tiene la potestad de promulgar la norma y dijo que ahora “corresponderá a las instancias respectivas a cumplir con todos los trámites”.
A finales de 2023, los magistrados del TCP extendieron su mandato y el de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de evitar un “vacío de poder” hasta que se celebren las elecciones judiciales.
Los magistrados debían concluir sus funciones en los primeros días de 2024 pero al prorrogarse provocaron la protesta de la oposición y del sector afín de Evo Morales que realizó un bloqueo de caminos por 11 días para exigir su renuncia.
Las elecciones judiciales se celebrarán parcialmente el próximo 15 de diciembre, ya que el TCP declaró desierta la convocatoria en algunos departamentos del país por los recursos que presentaron algunos postulantes que no fueron seleccionados por el Parlamento.
Asimismo, el Constitucional dictó un fallo que confirma que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025 y otro dictamen que quita al político el liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi tres décadas.
El bloque de Morales acusó al Gobierno de Arce de utilizar al TCP para gobernar, por lo que sostiene que los fallos y sentencias de esa instancia son nulos.
Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en el manejo del Ejecutivo y el control del MAS.
Agencia EFE
