Elöd Tóásó reveló que la Procuraduría General ofrece “montos muy pequeños” para resarcir las “graves violaciones” que cometió el Estado boliviano en el caso terrorismo (2009), advirtió que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Gobierno tendrá que “gastar un monto mayor” al que ofrecieron.
“El Estado boliviano va a gastar mucha más plata, el señor (César) Siles va a tener que gastar un monto mayor. Como calcula él, el debería pagar 1,5 millones de dólares como él dijo, 1,5 millones debe pagar por persona, al final eso va a costar mucho más y vamos a hacer jurisprudencia en derechos humanos”, advirtió el ciudadano húngaro en una entrevista exclusiva a la ANF.
Los demandantes han decidido que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque “no existe un acuerdo” y se ha cortado la comunicación con el Gobierno, relación que ahora es solo a través de la CIDH.
El resarcimiento es un tema “muy complicado”, Tóásó cree que la comunicación se cortó con el Estado, precisamente por este asunto, ya que no han logrado acordar una reparación económica “justa”.
Observó que se intente comparar con casos de la CorteIDH, pero que no son comparables desde ningún punto de vista, por ejemplo, la Procuraduría asemeja con el caso Blas Valencia, quien recibió $us 50.000 de resarcimiento tras demandar al Estado por vulneraciones en su detención. “Yo no soy Blas Valencia”, afirmó el ciudadano húngaro.
Tóásó es ingeniero informático, rememora que cuando fue detenido ilegalmente tenía trabajo y un sueldo, pero perdió todo cuando fue enviado a la cárcel en 2009 con detención preventiva por varios años. “De mi vida me han quitado años y el Estado debe resarcir”, emplaza, aunque las autoridades bolivianas -dice- se niegan a analizar el tema.
El procurador César Siles a inicios de este mes dijo que solo la familia de Dwyer había pedido al Estado 2 millones de dólares por concepto de resarcimiento económico, una cantidad que considera demasiado alta. Tóásó dijo que cada uno analiza su daño material e inmaterial. “Cada caso es personal, el señor Tadic tiene un monto, yo también tengo un monto, esos montos no se acercan con el planteamiento del Gobierno”, afirmó.
Añadió que prepararán una defensa más enérgica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “vamos a adecuar la defensa contra el Estado boliviano”, con el asesoramiento de la firma de abogados estadounidense y europea.
Cuestionó que 50.000 dólares que es el monto que se pagó en el caso Blas Valencia no significa nada para el Estado, por esa razón sigue violando los derechos, cree que la vida humana y el derecho humano tienen que ser respetados y tener una mayor significancia para que no se violen los derechos. “¿Cuánto (puede valer) la perdida de la vida de Michael, o cuánto (puede valer) la tortura y detención arbitraria de 2009 a 2015?» cuestionó.
Demandantes aseguran que el Estado no cumplió con recomendaciones de la CIDH
Los ciudadanos que demandaron al Estado boliviano son: el húngaro Elöd Tóásó, el croata-boliviano Marco Tadic, la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de 2009 en Santa Cruz que dio lugar al llamado “caso terrorismo”, además de los bolivianos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Proceso que duró poco más de una década.
La CIDH otorgó al estado entre tres o cuatro meses más para el cumplimiento de las recomendaciones y abrir la posibilidad de algún acuerdo, pero “por el momento no hubo y no hay ningún acuerdo, desde nuestra perspectiva el Estado aún no ha cumplido las recomendaciones de la CIDH”, afirmó.
Para los demandantes, el Estado primero debería “iniciar una investigación sobre los hechos del Hotel Las Américas; el otro factor es resarcir daños materiales e inmateriales, además el Estado debe hacer normas, leyes o decretos para que nunca más se repita hechos similares”, sostuvo Tóásó.
En abril de 2019, el gobierno de Evo Morales ejecutó un operativo policial en ese hotel para desarticular supuestamente una célula terrorista que dejó un saldo de tres muertos: el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Arpád Magyarosi; y fueron detenidos Tadic y Tóásó.
Tadic fue acusado de ser un reclutador del grupo irregular, mientras que Tóásó fue sindicado de ser el encargado de informática, acciones supuestamente para dividir Bolivia y ejecutar un plan de magnicidio del entonces presidente Morales.
Tras más de seis años de irregularidades en la investigación y con una cantidad de vulneraciones al debido proceso y la presunción de inocencia, ambos se acogieron al proceso abreviado y solo así salieron de la cárcel.
El organismo del sistema interamericano hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental para su rehabilitación y adoptar medidas para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
Además, recomendó “iniciar una investigación penal” para “esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan”.
Sin embargo, el Estado no ha cumplido estas recomendaciones, porque no inició ninguna investigación, según Tóásó lo hizo la Defensoría del Pueblo, pero su denuncia fue rechazada, luego revocaron la misma. En criterio de Tóásó este hecho es “bastante chueco”.
Explicó que el Gobierno y el procurador general del Estado, César Siles, ingresan en ilegalidades porque pretenden que las “víctimas”, es decir “nosotros” presentemos las pruebas ante la Fiscalía, sin embargo, la recomendación es que el Estado está obligado a investigar las violaciones a los derechos humanos. “Sabemos que la investigación está en alguna caja en la Fiscalía y nadie quiere tocar”, afirmó.
“Para nosotros es claro que el gobierno solo quería alargar tiempo, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de acuerdo. En nada”, sostuvo el ciudadano húngaro a esta agencia de noticias.
En su momento denunciaron a por lo menos 200 personas que hubieran participado en las violaciones a sus derechos, desde los miembros de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (UTARC) “que mataron gente, la fiscalía, el poder judicial que firmaron actas, esos delitos no son los mismos. Uno mató personas, otro por órdenes de alguien emitió un fallo ilegal, no son los mismos delitos, pero son delitos y hay que investigar”.
El plazo otorgado al Estado boliviano vence en abril
Los demandantes decidieron continuar con el proceso hasta llegar a un fallo de la Corte IDH. Comentó que el plazo que le dieron al Estado boliviano termina en el próximo mes de abril. Esperan que en dos o tres años se tenga un dictamen final.
“Esa causa es una causa perdida para el gobierno boliviano, no van a poder cambiar esa situación”, afirmóElöd Tóásó”. Será la ratificación de cómo el Estado boliviano ha violado los derechos en este caso.
Por otra parte, expresó su satisfacción porque la Justicia uruguaya dictó un fallo a favor de Alejandro Melgar, en el que establece un resarcimiento de $us 230.000, aunque no cree que esa lo óptimo, pero es debido a que se aceptó parcialmente su pedido.
“Alejandro obtuvo un razonamiento muy bueno y eso da mucha esperanza a otros que están en nuestro caso”, manifestó.
