La Fiscalía abrió una investigación contra Rubén Ríos, dirigente panificador, luego de hallar que su galpón alquilado a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) albergaba elementos que no correspondían al almacenamiento de harina subvencionada, incluyendo una ambulancia donada, documentos oficiales de la empresa, un horno industrial, una caja fuerte y un vehículo en desuso.
El fiscal Ronald Jurado indicó que el inmueble estaba destinado exclusivamente al depósito de productos de EMAPA, y que existía un contrato de alquiler mediante el cual la empresa estatal pagaba aproximadamente 19.000 bolivianos mensuales. Los hallazgos motivaron a las autoridades a verificar si los recursos públicos fueron utilizados para fines distintos al convenio original.
Durante el allanamiento, las autoridades también encontraron oficinas y una habitación dentro del galpón, lo que refuerza la investigación sobre la posible gestión irregular de los espacios y los fondos estatales. La Fiscalía busca determinar si los recursos vinculados a la subvención de productos de primera necesidad fueron administrados correctamente o si existió algún desvío.
El caso se enmarca en las pesquisas sobre la administración de EMAPA, empresa estatal encargada de garantizar la seguridad alimentaria, y pretende esclarecer el destino real de los bienes y recursos utilizados en el galpón, así como verificar la responsabilidad de los involucrados.
