El presidente electo, Rodrigo Paz, ha transmitido señales positivas durante los primeros días posteriores a la segunda vuelta electoral, principalmente dirigidas al empresariado, y muy particularmente al de Santa Cruz, y a la comunidad internacional de países democráticos, de forma muy especial al gobierno de los Estados Unidos, nación clave para el logro del financiamiento de los organismos multilaterales que permitirá conseguir los dólares para importar los combustibles que eviten que Bolivia caiga en una parálisis productiva y económica.
Sin lugar a duda, la solución de la crisis energética es lo más urgente de la angustiante situación de crisis con la cual nos deja el país la saliente administración masista después de veinte años de derroche de los ingresos extraordinarios que generaron las exportaciones de hidrocarburos y minerales que se desarrollaron con las inversiones que atrajo el modelo de economía libre de los años noventa. No habrá solución fácil ni de corto plazo.
Lo urgente, es asegurar la provisión de combustibles. Lo importante será definir un precio de los combustibles y un mecanismo de ajuste periódico de los precios internos en función de la variación de estos a nivel internacional que permita recuperar las condiciones para un abastecimiento permanente y sostenible, así como evitar la pérdida de divisas ante el incontenible contrabando a los países vecinos que ocasionan la gran diferencia de precios entre el mercado interno y los países vecinos.
Quizás esta decisión sea la más importante que el presidente Paz Pereira deba tomar en los primeros días de su mandato y la misma determinará el futuro de su gestión y de la economía nacional. Bolivia tiene muchos y serios problemas estructurales que solucionar en su economía, pero este es el más agudo pues tendremos un déficit estructural de energía por los próximos ocho a diez años, excediendo el quinquenio de la gestión que inicia. No solo carecemos de gasolina y diésel sino también de GLP y en pocos años incluso de gas natural, en lo que constituye una verdadera bomba de tiempo para la economía nacional.
Mal haría la nueva administración en dejarse llevar por el gradualismo en cuanto el precio de los combustibles y el ajuste en general, puesto que de ello dependen en gran medida también la solución paulatina del déficit fiscal y de la devaluación de la moneda nacional, ya que justamente por financiar el gasto público con las reservas internacionales y la emisión de moneda nacional sin respaldo, estamos atrapados en un círculo vicioso de devaluación, inflación y contracción económica.
Indudablemente, se debe procurar mitigar el costo social que el ajuste tendrá sobre la población de menores ingresos. Para ello, sería mejor utilizar los recursos que el nuevo presidente pueda conseguir de la comunidad internacional para financiar un programa de transferencias directas, con medios digitales, a las familias de menores ingresos. De esta forma se brindará transparencia y se evitará la tentación de la corrupción en los programas de ayuda a los sectores con mayores niveles de pobreza.
Igualmente, urgentes serán las medidas orientadas a reducir el déficit fiscal, recortando gasto público, y a estabilizar el tipo de cambio, con un mecanismo creíble de fluctuación. Ambos están estrechamente relacionados, puesto que no habrá estabilidad en el tipo de cambio sin las divisas que la economía requiere para funcionar mínimamente, incluso con el nivel de contracción actual, y no habrá financiamiento internacional de mediano plazo para ello si se no se dan señales claras de que existe un programa y una firme decisión política de recuperar la sostenibilidad fiscal.
Paralelamente, habrá que tener equipos trabajando simultáneamente en lo importante, cambiar las condiciones para invertir y trabajar en Bolivia, tales como un programa de desregulación y eliminación de costos de transacción; reformas de las leyes sectoriales para la inversión en sectores claves como agropecuaria, energía eléctrica, hidrocarburos, minería, exportación de servicios y telecomunicaciones, prioritariamente; la reconstrucción del sistema de regulación sectorial; la suscripción de tratados protección de inversiones; el restablecimiento de los arbitrajes internacionales; la adaptación de la Ley del Trabajo a las condiciones laborales del siglo XXI; la eliminación de los impuestos que implican doble tributación, entre otras medidas fundamentales e imprescindibles para que el país crezca sosteniblemente.
