La odisea de los 69 bolivianos que permanecen varados en el puerto de Barcelona desde el martes 2 de abril llega a su fin. La Policía les ha comunicado formalmente que rechaza su entrada en España, donde llegaron en un crucero de placer con visados falsificados y con la intención, presuntamente, de instalarse en el país, reporta el diario El País.
Las autoridades tampoco han admitido a trámite la media docena de peticiones de asilo planteadas. Todos ellos están siendo deportados este jueves en un vuelo pagado por la compañía MSC hasta Santa Cruz, la segunda ciudad de Bolivia, según fuentes conocedoras de las gestiones consultadas por El País.
Todos, menos cuatro personas de la misma familia. Se trata de tres hermanos, dos menores de edad y una mayor de edad, además de la hija de esta última. Sus padres residen en Girona y uno de ellos, el padre, tiene nacionalidad española.
Los 65 bolivianos deportados han salido este mediodía, en autobús, desde el puerto de Barcelona hasta el aeropuerto, de regreso a Bolivia. Tras salir de Brasil a mediados de marzo, el MSC Armonía llegó a primera hora de la mañana del martes de la semana pasada a Barcelona, hace ya 9 días. Era la última parada en la península Ibérica antes de que el buque prosiguiera su ruta por el Mediterráneo hasta su destino final: Venecia. Durante la travesía, como es preceptivo, la naviera envió la documentación de los 1.500 pasajeros a bordo a las autoridades españolas, que constataron que los visados de los 69 ciudadanos bolivianos que viajaban en la embarcación habían sido falsificados.
Ni las autoridades brasileñas ni MSC advirtieron la falsificación, que según fuentes policiales era “muy burda” y, según fuentes cercanas a la empresa, “de cierta sofisticación”.
En la terminal C del puerto de Barcelona empezó entonces una pugna, con muchos actores e intereses en juego, sobre cómo debía procederse. La Policía impidió el desembarco de los 69 bolivianos con visados falsos, pero apremió a la compañía para que el barco partiera de inmediato. El MSC Armonía, sin embargo, no se movió del puerto, donde los 1.500 pasajeros permanecieron encerrados durante unas horas.
El miércoles, tras la intervención de un juez de guardia de Barcelona, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el presidente ejecutivo de MSC, Pier Francesco Vago, llegaron a un acuerdo: el buque partiría con todos los pasajeros salvo los bolivianos, que serían trasladados a otro ferry mientras se tramitaba su situación.
Desde el jueves, los 69 bolivianos —entre los que hay 14 menores de edad— permanecen en ese segundo ferry. La Policía trasladó sus equipos a la terminal y allí inició los expedientes de denegación de entrada. Los agentes se entrevistaron con cada uno de los adultos, que explicaron sus motivos para viajar a España; alegaron, en muchos casos, que habían venido de vacaciones y no tenían intención de quedarse.
Durante el fin de semana, los policías les comunicaron la denegación de entrada y que serían deportados a su país, una posibilidad que ya había sido prevista en las negociaciones entre MSC y la Delegación del Gobierno. La compañía sufragará el vuelo con destino a Santa Cruz (Bolivia) por ser la opción más conveniente para los viajeros una vez deportados.
Diversos pasajeros han recurrido a abogados privados para realizar las gestiones de extranjería. Seis de ellos solicitaron el asilo, una vía reservada para personas que huyen de países en conflicto o cuyas vidas corren riesgo por alguna razón.
Solo cuatro de los 69 bolivianos van a poder quedarse finalmente en España: se trata de dos niños que viajaban con su hermana mayor, Ruth Noemy Solis, de 20 años, y el hijo de esta. Los tres son hijos de bolivianos afincados en España desde hace años; uno de ellos, el padre, ostenta la nacionalidad española, lo que ha permitido finalmente que puedan permanecer en el país.
La alegría parcial de esa familia contrasta con el desánimo entre el resto de bolivianos. A pie de terminal, sus familias han asegurado que fueron víctimas de una estafa: una agencia de viajes les ofreció un paquete que incluía el crucero más un visado para entrar en Europa a cambio de una elevada suma de dinero. Siempre según los familiares, los bolivianos subieron al barco con el convencimiento de que podrían entrar sin problemas en España, donde muchos de ellos, admiten, tenían la intención de instalarse para trabajar y mejorar sus condiciones de vida, señala El País.
