Bolivia ya no puede permitirse estabilizar por estabilizar, como quien se aferra a un salvavidas solo para no hundirse. El país necesita estabilizar y crecer con propósito. Porque lo que está en juego no es únicamente cuadrar cuentas fiscales o controlar la inflación, sino transformar el patrón de desarrollo y romper la trampa de bajo crecimiento y alta dependencia. Ese propósito es claro: aumentar de manera significativa la productividad de la economía. Y la única vía sostenible para lograrlo es apostar fuerte, sin complejos ni medias tintas, por el capital humano, el recurso renovable más valioso y el único que, paradójicamente, crece cuanto más se usa.
El Plan de Estabilización Integral que propongo busca ordenar la casa en lo fiscal y monetario, amortiguar el ajuste con colchones sociales, pero, sobre todo, sembrar un nuevo ciclo productivo basado en talento, educación e innovación. Dicho de otra manera: pasar de la estabilización como terapia de emergencia a la estabilización como plataforma para un desarrollo con propósito.
El primer pilar es el fiscal y tributario. El ajuste fiscal debe ser una herramienta para liberar recursos hacia la inversión productiva, no una simple poda contable. Se propone revisar integralmente los subsidios energéticos, cuya factura supera los 3.000 millones de dólares y beneficia más al contrabando que a los hogares vulnerables. La medida es clara: eliminación gradual de los subsidios en dos años y reemplazo por transferencias directas. Lo ahorrado debería destinarse a financiar programas de formación técnica y tecnológica.
En paralelo, se requiere una reforma tributaria estructural. Esta incluye la reducción del IVA al 10% en sectores formales para incentivar la facturación, la inclusión del comercio electrónico y las plataformas digitales en la base tributaria, y la modificación de la Ley de Hidrocarburos, bajando el IDH en nuevos contratos a cambio de cláusulas de estabilidad tributaria y reinversión obligatoria en exploración. Finalmente, la disciplina fiscal necesita institucionalidad. Se plantea una Ley de Responsabilidad Fiscal que fije un déficit estructural máximo del 2 % del PIB, un Consejo Fiscal Autónomo con dientes de verdad y la publicación trimestral de informes fiscales que no solo detallen ingresos y gastos, sino también cuánto se invierte en capital humano. Porque gastar en subsidios regresivos es como seguir financiando la parrillada del vecino mientras en tu casa los niños estudian sin luz.
El segundo pilar es el monetario y cambiario. La política monetaria y cambiaria no debe limitarse a apagar incendios inflacionarios, sino a crear un marco estable que dé certidumbre a las inversiones en capital humano y productivo. Esto implica devolver independencia real al Banco Central con la designación de un presidente técnico en los primeros 30 días de gobierno. Ese presidente no debe ser un contable de campaña, sino alguien que entienda que la política monetaria se juega en la credibilidad.
En paralelo, se deben introducir metas explícitas de inflación a partir del Presupuesto General del Estado 2026, con un objetivo inicial del 9 % en 2026 y convergencia al 4% en 2027/2028. La liberalización de tasas de interés en un horizonte de 12 meses y la creación de una tasa de referencia transparente fortalecerán la transmisión monetaria. En materia cambiaria, el desafío es cerrar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo en un plazo de 12 meses, apoyado en la creación de un fondo de estabilización de 1.000 millones de dólares. La transición a una flotación administrada del tipo de cambio con bandas de ±5% garantizará estabilidad sin caer en rigideces inviables. Y todo esto debe acompañarse de la reconstrucción de reservas internacionales mediante acuerdos con organismos multilaterales y la emisión de bonos soberanos verdes orientados a financiar proyectos productivos, educativos e innovadores. Porque convivir con un dólar oficial y otro paralelo es como tener dos relojes: ninguno marca la hora exacta, pero ambos generan ansiedad.
El tercer pilar es social y productivo. Ningún plan de estabilización sobrevive si no se sostiene en un pacto social. Pero ese pacto no debe limitarse a dar transferencias; debe sembrar capacidades para el futuro. Por ello se plantean transferencias focalizadas de 500 Bs mensuales a familias en pobreza extrema durante 24 meses, financiadas con la reducción de subsidios, pero vinculadas a programas de formación y empleabilidad. Las transferencias serían hechas a través de rebajas en la factura de Electricidad. Se propone también reforzar la seguridad alimentaria mediante la expansión de la producción de maíz y trigo con innovación tecnológica y la creación de un fondo de estabilización de precios básicos.
A corto plazo, se requiere un programa agresivo de obras públicas municipales por 500 millones de dólares en infraestructura básica, condicionado a la generación de empleo juvenil y capacitación en obra. Esto debía ser financiado con cooperación internacional. En hidrocarburos, la estrategia pasa por lanzar licitaciones internacionales bajo contratos de producción compartida con socios regionales como Brasil y Argentina, reservando un porcentaje de utilidades para educación técnica. En el ámbito de diversificación exportadora, los incentivos deben enfocarse en el turismo y servicios digitales, pero cada programa sectorial debe incluir un componente de formación laboral específica. Y nada de esto funcionará sin seguridad jurídica: contratos estables a 10 años, arbitraje independiente y reducción de la discrecionalidad política en inversiones estratégicas. Porque repartir bonos sin invertir en educación es como dar paracetamol para una pierna rota: calma un rato, pero no te deja caminar.
La diferencia de este plan está en su eje transversal: un verdadero shock de capital humano. La estabilización es solo condición necesaria, pero no suficiente. El salto cualitativo vendrá de una inversión masiva en educación, innovación y talento que aumente la productividad de toda la economía. Esto significa reformar el currículo escolar para priorizar las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), inglés y competencias digitales, lanzar becas masivas en el exterior con obligación de retorno, e impulsar la formación técnica dual, a cargo del sector privado, en sectores estratégicos como energías renovables, agroindustria, turismo y software. También implica crear un fondo nacional de innovación con capital semilla con participación privada para startups, establecer centros de I+D conectados a universidades y empresas, ofrecer incentivos fiscales para digitalización de Pymes y diseñar programas de reconversión laboral para trabajadores desplazados por el ajuste. Porque el gas se acaba, el litio es promesa, pero el talento humano es la única mina que no se agota… salvo que lo dejemos emigrar.
Los objetivos estratégicos son ambiciosos pero alcanzables: déficit fiscal por debajo del 3% del PIB en 2028; reservas internacionales equivalentes a 6 meses de importaciones en 2027; inflación convergente al 4% en tres años; brecha cambiaria cero en 12 meses; exportaciones no tradicionales representando el 40% del total en 2030; reducción de la pobreza extrema en cinco años; formación de medio millón de jóvenes en competencias digitales y técnicas; y un PIB potencial creciendo al menos al 5% anual gracias al salto en productividad a partir del 2028.
En conclusión, este plan no es un recetario de emergencia, sino una estrategia de futuro. Su valor está en que la estabilidad no se plantea como un fin en sí mismo, sino como la plataforma para un crecimiento con propósito. Y ese propósito es aumentar la productividad de la economía invirtiendo masivamente en el único recurso que nunca se agota: la gente. En lenguaje académico, se llama estabilización con cambio estructural endógeno. En lenguaje cotidiano, significa estabilizar para trabajar mejor, producir más y vivir con libertad y dignidad.
Porque al final, estabilizar sin propósito es solo administrar penurias. Estabilizar con propósito es convertir la crisis en oportunidad.
