El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de intentar desestabilizar la "Marcha para Salvar Bolivia", una movilización que, según él, buscaba expresar el descontento de sectores sociales con la actual gestión. Morales denunció que el gobierno utilizó tanto a funcionarios públicos como a fuerzas policiales para interferir en la marcha, que se llevó a cabo en varios puntos del país.
Morales afirmó que el Gobierno intentó detener la movilización en localidades como Vilavila y Ventilla. "Primero, el martes intentaron en Vilavila, todo un fracaso", señaló el expresidente. Asimismo, acusó al Ejecutivo de concentrar a miles de funcionarios públicos para generar confrontaciones. "Un viceministro nos informó que el plan del Lucho es concentrar 100.000 funcionarios y lo peor es llevar un grupo de choque de Santa Cruz", añadió.
Carlos Romero, exministro de Gobierno, también criticó al gobierno de Arce, señalando que la marcha "ganó por goleada" al Ejecutivo al lograr llegar a La Paz. Según Romero, se intentaron diversas tácticas para detener la movilización, incluyendo la supuesta contratación de grupos de choque y la intervención policial. "El gobierno ha intentado promover una intervención policial, y como ese plan ha fracasado, intentaron que sea a través de los militares", comentó.
Morales también acusó al presidente Arce de desinformar a embajadores, asegurando que el mandatario los contactó para advertirles que los manifestantes eran "maleantes pagados y armados". "Lucho personalmente llamó a los embajadores para decirles que venían maleantes pagados", afirmó.
Las acusaciones de Morales y Romero evidencian las crecientes tensiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y entre los distintos sectores sociales que apoyan a ambos líderes.
