El abogado y exfiscal William Herrera consideró que las denuncias presentadas contra la primera dama, María Elena Urquidi, y el pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz tienen un componente político, aunque señaló que ambos casos deben seguir los procedimientos que correspondan.
Respecto a la denuncia contra Paz, presentada ante la Asamblea Legislativa, Herrera explicó que su sola presentación no activa de manera automática un juicio de responsabilidades. Señaló que el avance del proceso dependerá de la decisión de la Asamblea y de la correlación de fuerzas políticas dentro del Legislativo.
“Si las mayorías de la Asamblea se ponen de acuerdo, hay juicio de responsabilidades; si no se ponen de acuerdo, no hay juicio de responsabilidades”, afirmó.
Cuestionamientos al proceso
Herrera también observó dificultades en la normativa vigente para llevar adelante un juicio de responsabilidades contra el Presidente y el Vicepresidente, principalmente por la falta de una instancia que permita revisar una eventual sentencia.
El abogado sostuvo que se requiere una modificación legal para garantizar el derecho a la impugnación y el debido proceso. Según explicó, mientras esa situación no sea resuelta, será difícil concluir un proceso de estas características.
La denuncia contra la primera dama
Sobre la denuncia contra Urquidi, Herrera señaló que, con los elementos que conoce hasta el momento, no identifica pruebas suficientes para configurar un caso penal, aunque aclaró que el Ministerio Público deberá determinar si corresponde abrir una investigación y que ello dependerá de la información que pueda ser corroborada.
“No veo una prueba para un caso penal; veo una denuncia pública que puede ser bien o mal utilizada directamente en el campo político”, sostuvo.
El abogado remarcó que una denuncia pública y los elementos utilizados para una investigación periodística no tienen necesariamente el mismo valor que los elementos de convicción requeridos para sustentar un proceso penal.
