El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, infirmó que el exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, murió por un paro cardiaco. En ese contexto, anunció la apertura de un caso sobre el deceso de la exautoridad en el que además se indagará la supuesta carta póstuma que salió a la luz el miércoles.
“Es otro caso, se ha aperturado otro caso por el fallecimiento del señor Montenegro”, dijo Lanchipa y explicó que este proceso “es totalmente ajeno a la investigación en YLB”.
“Se está llevando un trabajo técnico a cargo de laboratorio del IDIF para establecer el tema de estas cartas que se mencionan”, señaló.
Se contactó con su abogada
Audalia Zurita, abogada de Juan Carlos Montenegro Bravo, exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), reveló que el exfuncionario se comunicó una hora antes de su fallecimiento para pedirle ayuda por su persona y su familia tras ser implicado en las presuntas irregularidades en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni.
“Esta mañana llegó un mensaje pidiendo ayuda para su familia y además adjuntando una carta para la opinión pública y una aclaración sobre su inocencia y su decisión de no ser humillado”, dijo Zurita a UNITEL.
Con relación a las presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales del Complejo Industrial de Uyuni, la abogada de la familia Montenegro dice que la responsabilidad de las denuncias debe tener un alcance gubernamental y no personal.
“Creo que están buscando chivos expiatorios de decisiones que correspondieron a gestiones. No puede ser responsable una persona, son políticas públicas que elaboran en un conjunto de personas. Son decisiones que las han adoptado a nivel gubernamental”, dijo.
La muerte de Montenegro tiene una alta connotación política en medio de una investigación que lo incluye en la lista de los presuntos implicados en las irregularidades en la planta de litio en el Salar de Uyuni.
Montenegro ocupó el cargo de gerente de YLB entre julio de 2017 y noviembre de 2019, dentro del Gobierno de Evo Morales.
Dentro de la investigación, 10 exfuncionarios y la representante legal de una de las empresas constructoras, fueron denunciados penalmente por YLB, tras hallarse irregularidades en la construcción de la planta en el salar de Uyuni.
