La Fiscalía General del Estado de Bolivia informó este miércoles que envió al Parlamento la denuncia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato a finales de 2023 a falta de las elecciones judiciales que no pudieron efectuarse ese año.
La decisión fue tomada por la fiscal analista de la región sureña de Chuquisaca, tras analizar la Constitución boliviana y la ‘Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial’, explicó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Mariaca aseguró que esa definición también se respalda en un “auto de vista emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca”, región donde se presentó la denuncia, “que determinó la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Por esto, el Ministerio Público “dispuso remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que determinen la situación jurídica de los sindicados”, sostuvo el fiscal general.
Según Mariaca, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca analizó, dentro de los plazos legales correspondientes, todos los antecedentes del caso y tuvo en cuenta también decisiones jurisdiccionales previas para asumir una determinación que no vulnere el procedimiento.
“El Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar ni destituir a autoridades electas conforme al mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir la situación jurídica de los magistrados denunciados”, manifestó el fiscal.
“Si la Asamblea emite un informe para que el Ministerio Público pueda actuar, lo haremos, siempre dentro del marco de la legalidad”, agregó el funcionario.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, demandó penalmente el martes a los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, por los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones”.
Saucedo señaló el lunes en sus redes sociales que el Constitucional es “una de las instituciones que más le ha causado daño al país y su democracia” a través “de los magistrados autoprorrogados” y manifestó que no se puede permitir “que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”.
El magistrado Hurtado, que preside el TCP, replicó que la denuncia busca generar incertidumbre y afectar la segunda vuelta electoral presidencial del próximo 19 de octubre.
Para Hurtado, Saucedo “pretende iniciar persecución judicial en contra de algunas autoridades” del TCP “con el objeto de generar un vacío de poder que impida se ejerza un control de constitucionalidad”.
Las elecciones judiciales se efectuaron en Bolivia en diciembre de 2024, un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.
Por un fallo constitucional, esos comicios se realizaron íntegramente solo en cuatro regiones, mientras que en las otras cinco no se pudo elegir a los jueces del TCP y en dos de ellas tampoco a los magistrados del TSJ.
El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios del año pasado, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un “vacío de poder”.
Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aún más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales, lo que debe hacerse mediante una ley.
