Al inicio del foro, el director de la Fundación Jubileo Juan Carlos Núñez subrayó sobre la inclusión de todos los postulantes a la Vicepresidencia bajo un esfuerzo de no excluir a nadie; sin embargo, manifestó que “este es el resultado”: solo cinco de los nueve candidatos asistieron.
La moderación del evento estuvo a cargo del periodista y director de Asuntos Centrales Tuffí Aré.
Déficit fiscal y endeudamiento:
Milan Berna del Movimiento Al Socialismo (MAS) propuso la optimización del Estado con el fin de eliminar la burocracia en el país. También plantea la reducción de unidades innecesarias, como ciertas áreas de transparencia. Con estas medidas, estima un ahorro anual de 240 millones de bolivianos.
Jorge Richter, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), planteó eliminar las subvenciones a hidrocarburos (ahorrando $2.700 millones al evitar importaciones de YPFB), reestructurar la inversión pública (controlando el gasto de Bs 20.000 millones), auditar y reorganizar empresas estatales bajo una nueva administración por objetivos.
Víctor Hugo Núñez del Prado (alianza Libertad y Progreso – ADN) propuso una liberalización total del mercado de hidrocarburos y la producción minera inmediata con combustible asegurado. También aboga por el apoyo al crédito entre privados bajo un modelo similar al CPF de Brasil. Finalmente, plantea la privatización de la gestión de empresas estatales (sin venderlas) y la derogación de políticas estatistas que, a su juicio, impiden el desarrollo.
José Luis Lupo, de la alianza Unidad, planteó eliminar de inmediato el subsidio al diésel y retirar gradualmente el subsidio a la gasolina. También plantea un recorte del gasto innecesario en el gobierno (como viáticos, celulares y publicidad) y la reestructuración o cierre de empresas públicas deficitarias.
Juan Carlos Medrano (APB-Súmate) propuso el cese de inversión pública ineficiente. También aboga por el cierre o auditoría de empresas públicas deficitarias y el fomento al empresariado privado. Su visión se completa con una política pro-mercado que promueva la exportación libre, menos regulación y más competencia, priorizando a quienes producen y generan empleo sobre el aparato estatal.
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