El Gobierno chileno criticó este martes la propuesta lanzada por el candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar los autos robados, en su mayoría en Chile, que circulan sin papeles y se conocen como “chutos” y calificó la medida de un “incentivo para la comisión de ilícitos”.
“Establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea”, señaló el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, en una entrevista a la prensa local.
Paz, quien se impuso con el 32 % de los votos en la primera vuelta presidencial contra el exmandatario Jorge Tuto Quiroga y ahora lidera las encuestas de cara al balotaje, afirmó que “parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.
Tras sus declaraciones, la polémica surgió en Chile cuando el candidato a diputado por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) en los comicios legislativos de noviembre por la nortina región de Arica, Sebastián Huerta, rechazó la propuesta en sus redes y sugirió que “si Bolivia toma esta acción, Chile debe quitarle el visado Mercosur” porque no puede “entregarle beneficios a un país que busca legalizar lo que ha sido robado” en Arica.
Paz le emplazó, entonces, a informarse “del porcentaje (de robos)” y apuntó a la policía chilena en el hurto de estos vehículos: “¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?”.
Las declaraciones del militante del Partido Demócrata Cristiano boliviano fueron reprochadas por varios parlamentarios chilenos, como el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, quien dijo que es “inaceptable” que Paz acuse a Carabineros de robar coches y pidió al Gobierno chileno que envíe una nota diplomática solicitando explicaciones.
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.
Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar, en una demanda que finalizó en 2018, cuando la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino.
En diciembre ambos países firmaron un histórico acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, para garantizar el reingreso de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países. Hasta ese momento, Bolivia no permitía el retorno de personas en situación irregular desde territorios ajenos, lo que generaba un vacío en la gestión del flujo migratorio.
“Nosotros estamos en la lógica de fortalecer las relaciones con todos nuestros países limítrofes; en el caso de Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas, el propio presidente (Ricardo) Lagos (2000-2006) planteó y las ofreció, pero ha sido Bolivia la que se ha negado”, señaló Elizalde.
El ministro instó a la “colaboración entre gobiernos y entre Estados” pero –concluyó– “no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando”.
