El Gobierno de Bolivia aseguró este martes que el consumo de diésel en el mercado interno cayó en cerca de un 50 % tras el retiro de la subvención a ese y otros combustibles que rige desde hace dos semanas, un resultado que, según las autoridades, es prueba de que se frenó el contrabando de carburantes.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló que “el mercado ya está actuando” luego de levantar la subvención mediante el decreto 5503, en un contacto con periodistas en la ciudad oriental de Santa Cruz, junto al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.
“¿Qué es lo que ha pasado a partir de la aprobación de este decreto? El consumo de diésel sobre todo ha caído en más o menos 50 % y estimamos que se estabilice entre 30 y 40 %”, sostuvo Medinaceli y atribuyó ese descenso a que se quitó “el negocio a los contrabandistas” de combustibles.
El ministro denunció que existía un “nivel de corrupción completamente institucionalizado, a gran escala y con un negocio” que generaba “entre 2 a 3 millones de dólares por día” por “desviar” ilícitamente el combustible, que hasta hace dos semanas se vendía con precios subvencionados en Bolivia.
Medinaceli afirmó que el “ahorro” que se está generando tras el retiro de la subvención “es importante” porque el país ya no necesita “tantos dólares para traer este diésel de afuera”, lo que “quita presión sobre el tipo de cambio”.
La autoridad defendió que el objetivo del decreto 5503 en el área de hidrocarburos “es asegurar el abastecimiento, evitar las colas” en las gasolineras, “preservar la estabilidad, ordenar el consumo” de carburantes.
También explicó que con la norma, se restableció un sistema similar al que rigió entre 1997 y 2000, con márgenes y precios de referencia, pero adaptado a las condiciones actuales del mercado internacional y la realidad económica boliviana.
Medinaceli recordó que la decisión de mantener fijos los precios del diésel y la gasolina se tomó en 2004, en un contexto de crisis política, y que los altos ingresos por la exportación del gas natural permitieron sostener el subsidio.
Esto cambió a partir de 2015, cuando cayeron los precios y las ventas del gas al exterior, mientras que la importación de diésel creció aceleradamente, lo que volvió “insostenible” el esquema de subsidios.
El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El decreto es resistido por la Central Obrera Boliviana (COB), que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y ha realizado marchas callejeras en La Paz desde el 22 de diciembre para exigir al Ejecutivo de Rodrigo Paz la abrogación de la norma.
El Gobierno de Paz ya intentó, sin éxito, dialogar la semana pasada con los dirigentes de la COB y esta jornada invitó nuevamente a esa entidad a una reunión este miércoles.
Desde 2024 y hasta antes de la aprobación de la norma fueron casi una constante las filas de vehículos en las gasolineras.
