El viceministro de Coordinación Pública, Héctor Linares, informó que el Gobierno inició un proceso de evaluación de todas las empresas estatales y sus subsidiarias, con el objetivo de definir medidas que permitan reducir el impacto fiscal, mejorar su desempeño y establecer responsabilidades administrativas y legales donde corresponda.
Durante una entrevista en el programa Asuntos Centrales, Linares señaló que el número de empresas públicas pasó de ocho en 2006 a 67 en la actualidad, incluyendo subsidiarias de corporaciones como YPFB, ENDE y Comibol. De acuerdo con la autoridad, más de 7.000 millones de dólares fueron desembolsados a estas empresas en los últimos 20 años.
Según Linares, solo YPFB, ENDE y Comibol mantienen utilidades sostenidas, mientras que el resto de las empresas presenta pérdidas o ganancias reducidas. Indicó que algunas empresas estatales reportan utilidades anuales de entre uno y cinco millones de dólares, cifras que —según explicó— no permiten cumplir el objetivo de generar excedentes significativos para el Estado.
El viceministro también informó que la cantidad de trabajadores en las empresas públicas creció de aproximadamente 4.000 a más de 30.000, y que este factor será considerado en el análisis que se realiza caso por caso.
La evaluación está a cargo de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), instancia que, de acuerdo con Linares, ya elaboró un informe preliminar con datos generales y continuará con revisiones semanales de cada empresa. Las conclusiones incluirán recomendaciones como restructuración, pausa administrativa, venta de activos, cierre o transferencia de empresas a sus trabajadores, dependiendo de la situación de cada entidad.
Linares aclaró que este proceso no constituye una auditoría formal, aunque anunció que auditorías posteriores buscarán identificar responsabilidades administrativas y penales por presuntas irregularidades en la gestión de empresas estatales. Señaló que el objetivo inmediato es evitar que empresas en situación deficitaria continúen generando presión sobre las finanzas públicas.
Respecto a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA), el viceministro indicó que la empresa atraviesa una situación financiera y operativa compleja. Informó que de una flota aproximada de 20 aeronaves, solo 10 se encuentran actualmente en operación, lo que afecta la regularidad de los vuelos. Añadió que cualquier decisión sobre BOA deberá considerar los compromisos asumidos con los pasajeros y la continuidad del servicio.
Finalmente, Linares descartó una privatización masiva de las empresas públicas y afirmó que las decisiones se tomarán de forma gradual, pero en plazos cortos, con resultados esperados en los próximos 30 a 60 días, los cuales serán elevados al gabinete y al presidente para su definición.
