La Distribuidora eléctrica identificó el fraude masivo en el lujoso consorcio de la capital cruceña. Los infractores deberán pagar multas a la AETN y el consumo no registrado. El robo afecta el servicio en la zona porque provoca cortes y bajones de electricidad.
En una lucha sin descanso, la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE) endurece sus operativos contra el hurto de energía en condominios de la capital cruceña. Personal técnico de la Distribuidora detectó 40 conexiones irregulares, en el condominio Bosques de la Colina, uno de lugares más exclusivos de Santa Cruz de la Sierra, ubicado en el kilómetro 8½ y Radial 26. Los funcionarios ejecutaron la batida por los constantes apagones en la zona, provocados por ‘reventones’ de transformadores y por el incremento en el índice de hurto de energía.
Técnicos de la Cooperativa inspeccionaron 60 viviendas sospechosas y descubrieron las alteraciones en los medidores en el complejo habitacional. El área de Pérdidas de CRE levantó un acta en cada inmueble involucrado e informó al ocupante sobre la irregularidad. La Distribuidora eléctrica restituyó el equipo de medición dentro de norma y precintó el equipo para su correcto funcionamiento.
Los poseedores de las viviendas recibirán en los próximos días el informe técnico y la notificación del inicio del proceso administrativo para las cuentas infractoras, tal como manda la reglamentación en vigencia. Además, convocará a los titulares a presentarse en las oficinas de Pérdidas, ubicadas en el Parque Industrial. Cada usuario tendrá que regularizará su situación y deberá cumplir con las sanciones correspondientes. La normativa establece una multa de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear y el cobro del consumo no registrado.
El hurto de electricidad provoca accidentes, daños a electrodomésticos, desabastecimiento en la zona y riesgo de incendios. La Cooperativa advierte a los consumidores sobre personas que ofrecen en redes sociales supuestos métodos de ahorro. Estos inescrupulosos manipulan medidores y realizan instalaciones fuera de norma, lo que genera perjuicios para el usuario y deterioro del servicio.
La institución refuerza los operativos en condominios, tanto horizontales como verticales. A finales de octubre, los técnicos de CRE confirmaron cinco conexiones ilegales en Macororó 10, ubicado en la avenida Los Cusis. Dos instalaciones correspondían a tiendas de la planta baja y tres a viviendas de la torre central.
La Cooperativa inició más de 1.000 procesos sancionatorios este año por conexiones antirreglamentarias o manipulación del equipo de medición. Los inspectores de CRE ejecutaron más de 4.000 verificaciones por sospechas de hurto de energía en distintas zonas del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Los condominios cerrados registraron el mayor número de infractores. Este año, después de operativos en 40 consorcios de viviendas, se abrieron más de 200 procesos. El índice de pérdidas está en aumento lo que representa una señal de alarma para la institución.
Como antecedente, CRE ya inició procesos penales contra infractores. En mayo una instalación irregular en Sevilla Las Terrazas II provocó descargas en diez viviendas y puso en peligro a niños de una guardería. En el mismo mes, la institución denunció a Manuel Vidal Aponte por manipular un medidor y extorsionar a los consumidores del barrio Los Álamos (Plan 3.000). Otro proceso penal se abrió contra Diego Rodrigo Frías Herrera por extorsión. En junio, vecinos de la urbanización El Palmar entregaron a Herlan Rafael Lazarte Gutiérrez, por hacerse pasar por funcionario de la Cooperativa y exigir dinero a los usuarios después de acusarlos de hurto de energía.
La Ley de Electricidad 1604 establece sanciones para titulares, cuyas cuentas ejecutan conexiones arbitrarias, alteran instrumentos de medición o consumen energía de forma clandestina. La normativa obliga al infractor a pagar la energía utilizada y a cancelar la multa impuesta por la autoridad sectorial. La regulación vigente autoriza a la CRE a aplicar sanciones económicas adicionales y a recuperar la deuda por el consumo no registrado. Y el artículo 214 del Código Penal fija una pena de dos a seis años de privación de libertad por atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Según la normativa vigente, CRE es la única autorizada para intervenir en un medidor. Los vecinos pueden denunciar infracciones de forma anónima en el 176 o 336-6666.
