Bolivia no puede funcionar con justicia rápida para unos y lenta —o inexistente— para otros. La aplicación selectiva de la ley solo reproduce los errores del pasado y hace que incluso denuncias graves terminen interpretándose como “persecución política”. Por eso el punto central es simple: queremos ver a Evo Morales aprehendido y sometido a un DEBIDO PROCESO. Sin privilegios, sin excepciones territoriales, con garantías y transparencia: que sea la Justicia la que determine si es culpable o no de lo que se le acusa.
Lo que indigna es el contraste. Hemos visto agilidad y firmeza para detener y procesar a Luis Arce por acusaciones de corrupción, mientras que en el caso de Morales persisten dudas, contradicciones y falta de ejecución, pese a tratarse de acusaciones extremadamente graves vinculadas a una menor. Esa diferencia de trato debilita al Estado y rompe la confianza ciudadana: la ley no puede depender del apellido, del cálculo político ni del control territorial.
Es igual de urgente atacar la corrupción, el narcotráfico y cualquier tipo de delito, pues destruyen a la sociedad. Es terrible normalizar que “miramos a otro lado” porque el dinero sucio mueve la economía y crea un falso auge en algunas regiones del país. Ese espejismo se paga caro: distorsiona la economía, corrompe instituciones, captura territorios y degrada los valores sociales. Recuperar el control efectivo del territorio —incluido el Chapare— es obligación del Estado, y enfrentar la coca ilegal destinada al narcotráfico debe ser una prioridad real.
En otras palabras, esto no se resuelve con discursos. Se resuelve con hechos: órdenes judiciales que se ejecuten, Estado presente en todo el territorio y una línea clara de cero tolerancias. Porque en Bolivia ha habido ciudadanos de primera y de segunda durante demasiado tiempo: unos responden ante la ley y otros se escudan en el poder, el territorio o el miedo. Esa desigualdad es el terreno donde prosperan la corrupción y el narcotráfico, y es lo que tenemos que cortar de raíz.
