Cualquier pequeño empresario de la España urbana que lea este titular seguro que se sube al carro de los damnificados por la burocracia. Es excesivo a todas luces el papeleo en España; y no consuela que en Italia sea peor. Es un problema general de Europa que denuncian grandes y pequeños emprendedores. Muy gráfico aquel dirigente de los agricultores, en plena tractorada, cuando dijo que “nuestra vocación es producir alimentos, pero la Comisión Europea nos quiere convertir en una gestoría”. O cuando se exige a los veterinarios datos inmediatos desde explotaciones ganaderas sin internet.
De la burocracia creciente se queja todo el mundo. Porque va a más. La legislación que destilan incesantemente los parlamentos autonómicos ni siquiera concuerda. Ya se denunció en su día que un autobús en viaje de Madrid a Barcelona podía salir cumpliendo normas de la capital, por ejemplo en distancia entre asientos, pero incumplirlas al entrar en Guadalajara (Castilla La Mancha), recuperar el cumplimiento en Soria (Castilla León) y volver a incumplirlas en Zaragoza (Aragón).
También el Gobierno de España se luce. Las nuevas normativas sobre prácticas en empresas de los estudiantes universitarios y de posgrado, por ejemplo, han complicado la vida a los empleadores. Se supone que se dictan para defender mejor a los becarios, pero el resultado hasta ahora es que se contratan menos prácticas; así que en vez de proteger, como se justificaba en la nueva exigencia, se ha generado un perjuicio.
Es en el mundo rural donde la burocracia, si cabe, escuece más. En el reciente estudio de Next Educación, que por quinta vez se ha presentado en el Senado, denuncian los encuestados que la burocracia es el principal obstáculo para crear empresas. Y para hacer edificaciones por sencillas que sean. Es inconcebible que se pidan los mismos papeles para hacer una casa en un pueblo que en una capital. “Tardan más los permisos que la construcción”, se denuncia desde el medio rural. Curioso es que en la encuesta se quejen de la burocracia tanto los emprendedores y los agricultores y ganaderos, como los ayuntamientos. Con tantos papeles exigidos y con secretarios de corporación local que deben repartir su trabajo entre dos o más ayuntamientos pequeños, el resultado es un atasco. Es cierto que hay avances en el mundo rural, según reconoce más de la mitad de los 600 líderes encuestados, pero hay que acelerar el ritmo de los cambios porque todo sucede con exasperante lentitud. Y un número significativo de proyectos acaban desechándose.
Los casi siete mil ayuntamientos de localidades muy deshabitadas de España esperan con ansiedad la prometida Ley del Estatuto del Municipio pequeño, o municipios rurales, que debería aliviar de engorrosos trámites, suprimiendo aquello que es obvio. Pero el Estatuto exige un consenso parlamentario para aprobarlo y en las Cortes españolas se han retirado del vocabulario los términos “acuerdo”, “consenso” y similares.
Guillermo Fernández Vara, hoy vicepresidente del Senado, tomó una decisión muy interesante cuando presidió la Junta de Extremadura. “En el mundo rural, todo lo que no esté expresamente prohibido debería estar permitido”. Y no solo fue una declaración retórica, sino que lo llevó al Boletín oficial de su comunidad. ¿Fue efectivo aquel avance? “Sin duda se está aprovechando y ayudó a desatascar proyectos encallados”. confirma Jesús Gómez Medinabeitia, arquitecto y concejal de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Debería utilizarse más y extenderse a otras comunidades, porque la soñada recuperación del mundo rural no puede asfixiarla la burocracia.
