La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su profunda preocupación ante recientes propuestas políticas que plantean una nueva legalización de vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”. Según la institución, esta medida tendría graves consecuencias para la seguridad, la economía y el Estado de Derecho en el país.
Luis Orlando Encinas, gerente general y representante legal de la CAB, recordó que la Ley N° 133 de 2011 permitió por única vez la nacionalización de vehículos ilegales, por lo que cualquier intento de repetir el proceso vulneraría la normativa vigente. “El concepto de ‘única vez’ debe respetarse. Ignorarlo significaría atentar contra la estructura normativa del país”, afirmó.
El gerente explicó que detrás del contrabando de autos se ocultan redes criminales que lavan dinero proveniente de delitos como narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Según un análisis de la CAB, cada año ingresarían al país alrededor de 120.000 vehículos de contrabando, provenientes en gran parte de la zona franca de Iquique, Chile, a través de pasos fronterizos no controlados.
El comunicado institucional de la CAB alerta que una nueva amnistía enviaría un mensaje de impunidad, fomentando la ilegalidad y el crimen organizado. Entre los riesgos señalados destacan el aumento del contrabando, el incremento del robo de vehículos en la región, y el fortalecimiento de redes criminales dedicadas a este negocio ilícito.
Asimismo, la Cámara advirtió sobre la erosión del Estado de Derecho, pues de darse esta situación, medidas de este tipo socavan la confianza en el sistema legal y generan inseguridad jurídica. Esto, según la institución, desincentivaría la inversión en el sector automotriz formal y en otros rubros de la economía, además de debilitar la credibilidad del Estado.
Encinas recalcó que las empresas automotrices legales en Bolivia enfrentan altos costos impositivos, entre ellos el ICE y el gravamen arancelario, lo que impide competir con los autos ingresados de manera ilegal. “Se han llegado a vender vehículos a pérdida por el tipo de cambio y los elevados tributos. No hay margen para bajar más los precios”, sostuvo.
Finalmente, la CAB planteó que el problema del contrabando no puede resolverse con medidas coyunturales, sino a través de una política de Estado que refuerce los controles fronterizos y promueva el respeto a la legalidad. “No se trata solo de un tema económico, sino de seguridad y de lucha contra el crimen organizado”, concluyó Encinas.
