La Defensoría del Pueblo de Bolivia rechazó este viernes los “hostigamientos” contra algunas autoridades electorales, a menos de tres meses de las elecciones generales, y exhortó a los sectores que están movilizados en varias regiones a tomar acciones en el marco de la Ley y de la democracia.
“La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral y exhortar a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas”, señala un comunicado difundido por la Defensoría.
Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) mantienen movilizaciones desde el lunes en La Paz y en dos ocasiones se enfrentaron con la Policía para exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriba a su líder como candidato presidencial, pese a que está inhabilitado.
La Defensoría explicó que tomó conocimiento sobre la detonación de un explosivo “en inmediaciones” de la casa de un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de la región central de Cochabamba, tras la presencia de varias personas en el lugar.
Además, conoce que uno de los dirigentes de los movilizados en La Paz afirmó que se ha identificado a supuestos “traidores de la patria” (…) “advirtiendo con radicalizar acciones”.
Ante las amenazas, el vocal del TSE Francisco Vargas anunció esta jornada que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Por lo menos quien habla va a pedir nuevamente medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos que es necesario para poder ejercer sin ningún tipo de presión, amenaza o coerción nuestro trabajo de administrar este proceso electoral”, dijo Vargas en una conferencia de prensa.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo que el Gobierno brindará garantías a las autoridades del ente electoral y de “quienes estén hostigados y amenazados”
La Defensoría recordó que las amenazas contra las personas y obstaculizar el cumplimiento de las funciones públicas “están reñidas” con la legislación boliviana, y sostuvo que seguirá con el acompañamiento del desarrollo del calendario electoral, de cara a las elecciones previstas para el 17 de agosto.
Las protestas de los leales a Morales buscan que el TSE admita la inscripción de su candidatura presidencial con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).
Pan-Bol perdió su personería jurídica debido a que en las elecciones nacionales de 2020 no alcanzó el 3 % de los votos.
Este bloque político reclama su “derecho” de participar en los comicios a la luz de un fallo judicial que ordenó al TSE emitir otra resolución justificada sobre la cancelación del partido, aunque no se indica que el exgobernante pueda registrarse como candidato.
Morales insiste en participar en los comicios para buscar su cuarto mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció recientemente que la reelección en Bolivia está permitida “por una única vez de forma continua”, sin la posibilidad de un tercer mandato.
Esto inhabilitaría al exjefe de Estado que ya gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
Morales renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de las disputas que sostuvo con el presidente Luis Arce desde finales de 2021 por las decisiones del Gobierno, el control de dicho partido y la candidatura presidencial.
Los simpatizantes del expresidente anunciaron un bloqueo nacional de carreteras desde la siguiente semana para exigir que Morales sea inscrito como candidato.
