Cada año, cuando llega Carnaval, aparece una escena que se repite con puntualidad casi litúrgica. Por un lado, miles de personas bordando, ensayando, diseñando, organizando, invirtiendo tiempo y dinero en trajes que pesan más que un manual de macroeconomía. Por el otro, algún economista ortodoxo, traje gris y ceño fruncido, calculando cuántas cervezas se vendieron y cuántas camas de hotel se ocuparon. Conclusión del informe: “impacto turístico positivo de corto plazo”. Fin del misterio.
El problema es que esa mirada es tan estrecha que podría desfilar en comparsa propia. Reducir el Carnaval a hoteles llenos y consumo de espuma es como medir el amor por el costo del anillo de compromiso: técnicamente cuantificable, pero profundamente insuficiente.
Aquí entra en escena la economista Mariana Mazzucato, quien en su investigación Carnival Economics, desarrollada junto a la University College London y el Ministerio de Cultura de Brasil, plantea algo revolucionario y, a la vez, bastante obvio: la economía tradicional subestima el valor real de las artes y la cultura.
No porque no generen dinero, lo generan, y mucho, sino porque su aporte va mucho más allá del producto interno bruto (PIB). La cultura construye identidad, cohesión social, capacidades estatales y hasta dirección estratégica del crecimiento.
Uno de los errores más comunes es pensar que el Carnaval es un evento de cuatro días. Según el enfoque de Mazzucato, es una fábrica que opera 365 días al año.
Detrás de cada traje de diablo hay horas de diseño, bordado, ingeniería artesanal y financiamiento colectivo. Detrás de cada banda hay meses de ensayo, composición y logística. Hay talleres, proveedores, aprendices, maestros artesanos. Es una cadena de valor completa, con innovación permanente y transmisión de conocimiento. Si midiéramos esa actividad como medimos cualquier conglomerado (clúster) industrial, entenderíamos que el Carnaval no es “folklore simpático”: es economía creativa y productiva en estado puro.
Otro hallazgo incómodo para la ortodoxia es que el Carnaval no es una carga que el Estado “tolera” por tradición. Es un laboratorio institucional.
Organizar un evento masivo obliga a coordinar seguridad, salud, transporte, limpieza, regulación del espacio público. Es un ejercicio intensivo de gestión pública. El municipio que logra que el Carnaval funcione sin colapsar está desarrollando capacidades que luego puede usar para cualquier crisis. En otras palabras: el Carnaval no debilita al Estado; lo entrena.
Aquí la discusión deja de ser festiva y se vuelve estructural. Mazzucato introduce el concepto de “justicia pre-distributiva”: la desigualdad no es un accidente inevitable, sino el resultado de cómo se diseñan las reglas desde el inicio.
Si el trabajo creativo de barrios populares se empaqueta y se vende en palcos VIP a precios siderales, pero la mayor parte del ingreso se queda en intermediarios o auspiciadores, el valor fluye hacia arriba y rara vez regresa a quienes lo generaron. La pregunta no es si el Carnaval genera riqueza. La pregunta es: ¿quién la captura?
Si aplicamos este marco al Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, la conclusión es contundente. También se puede aplicar a otros eventos culturales como la entrada del Gran Poder en La Paz
Oruro no se “enciende” mágicamente el sábado de peregrinación. Funciona todo el año. Los bordadores de la Calle La Paz, los careteros que esculpen máscaras de diablo, las bandas que ensayan sin descanso, conforman un clúster cultural de alta sofisticación técnica.
Si el Estado midiera esa red como mide cualquier sector productivo, hablaríamos de políticas de financiamiento, exportación cultural, capacitación y formalización, no solo de conteo de turistas.
Además, las fraternidades funcionan como infraestructura social. Construyen redes de confianza, apoyo económico y sentido de pertenencia. En términos estrictamente económicos, eso es capital social, uno de los activos más escasos y valiosos para el desarrollo.
Finalmente, Oruro enfrenta el mismo riesgo que cualquier gran carnaval del mundo: la mercantilización excluyente. Si las transmisiones televisivas, los auspicios y las graderías generan millones, pero los artesanos y músicos reciben apenas lo justo para sobrevivir, el modelo está extrayendo valor en lugar de distribuirlo.
Durante años, en tiempos de crisis fiscal, la cultura ha sido el primer renglón que se recorta. “No es prioridad”, se dice con aire técnico.
Pero si tomamos en serio este enfoque, la cultura no es el adorno del presupuesto. Es infraestructura económica y social. Es industria, es innovación, es cohesión, es capacidad estatal.
El Carnaval de Oruro no necesita subsidios por caridad cultural. Necesita que la economía formal, por fin, lo reconozca como lo que es: una plataforma productiva compleja, un laboratorio institucional y un generador de valor público.
Tal vez el economista del traje gris debería cambiar, al menos por unos días, la hoja de cálculo por una máscara de moreno. No para bailar, eso ya sería mucho pedir, sino para entender que, a veces, el PIB no alcanza para medir lo que realmente mueve a un país.
