Crónica de Manuel Campo Vidal
Acaso uno de los viajes más importantes de Pedro Sánchez en los últimos meses ha sido el que le ha llevado a Senegal, Mauritania y Gambia. Siguiendo el guión europeo sobre flujos migratorios descontrolados, como el que ahoga a Canarias, Ceuta y Melilla, el presidente busca acuerdos para una emigración ordenada y circular a cambio de controlar salidas ilegales desde esos países. Cuantitativamente quizás no sea muy relevante al principio, pero ese es con claridad uno de los caminos para enfrentar el problema.
La oposición ha reaccionado tan alterada que hasta podría interpretarse como un indicio de acierto en la iniciativa presidencial. Han sonado trompetas, tambores y palabras gruesas, con estribillos de los coros clamando por deportaciones masivas y otras medidas drásticas. Ninguna propuesta alternativa hasta el momento. Y agradecidos de que algún dirigente de Vox no haya repetido que hay que enviar a la Armada a parar los cayucos de emigrantes. Eso ya se dijo y los militares desautorizaron la ocurrencia.
Mientras la política va por ahí, sin atisbo de acuerdo entre partidos, la economía reclama mano de obra. No ha habido este verano comida o cena con empresarios presentes sin lamentos sobre la falta de trabajadores. De cualquier sector y especialidad: mecánicos, soldadores, torneros, carpinteros, electricistas, camioneros, albañiles, vendimiadores, ganaderos, camareros, cocineros y, por supuesto, médicos, enfermeras y fisioterapeutas. La lista es inacabable. La distancia entre lo que reclama la empresa y las posiciones de la derecha contra cualquier iniciativa de salida se agranda. Es difícil creer que no se den cuenta. “Hay empresarios que están cerca de perder la viabilidad de sus empresas si no encuentran trabajadores”, explica José Ignacio Mora, director de Sercobe, una potente asociación de fabricantes y exportadores de maquinaria.“Hay que formar especialistas en origen enviando allí profesores y que vengan con un contrato de trabajo en condiciones”, propone Sercobe. Vale para otros sectores.
En un país con 2.660 500 desempleados es absurdo que no se encuentre personal. “Es que la gente no quiere trabajar”, protestan algunos empleadores. Otras opiniones son más cáusticas como las que critican que “las ayudas de protección social son tan altas, que te dicen que no les vale la pena cambiarlas por los salarios que les ofrecen”. Los sindicatos y Yolanda Díaz no hablan de esto. Después está la picaresca y el fraude. Cuando se ha trabajado un tiempo y se tiene derecho a ayuda por desempleo, hay personas que se plantan ante el empresario y le proponen irse “si me arreglan el paro”. Es decir, simular despido devolviendo bajo mano la indemnización, o incluso repartiéndola. ¿Hay algún estudio sobre cuántos casos se producen mensualmente de deserciones pactadas con grave sangría para la Seguridad Social? Convendría difundir esos datos estimativos.
Agravan el problema los errores de planificación y los atascos administrativos con burocracia asfixiante. En Cataluña más de treinta mil jóvenes no van a empezar el curso de Formación Profesional por falta de plazas. En Madrid, el curso pasado fueron más de cincuenta mil. Felicidades a ambos gobiernos autonómicos. Podríamos sumar a esas pifias, la lentitud exasperante en la convalidación de títulos de profesionales obtenidos en otros países con solvencia educativa. Hay que agilizar esos embudos y revisar si existen colegios profesionales que lo dificultan. Es un conjunto de elementos, pero seguro que con trasparencia, voluntad política y sentido de Estado de quienes deberían exhibirlo, seríamos capaces de afrontar el problema.
